Un juez federal en Nueva Hampshire anunció que certificará una demanda colectiva contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual busca eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos para hijos de personas en situación migratoria irregular o temporal.
El juez Joseph LaPlante también adelantó que emitirá una orden judicial preliminar para frenar temporalmente la implementación de dicha medida. La suspensión será por siete días, tiempo en el que el gobierno podrá presentar una apelación.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés. Aunque originalmente se pedía una demanda más amplia que incluyera a todos los padres, el juez se inclinó por limitarla a los niños directamente afectados.
El caso gira en torno a la interpretación de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU., que otorga ciudadanía a toda persona nacida o naturalizada en el país. La administración Trump argumenta que esta protección no debe aplicarse a hijos de inmigrantes no autorizados.
Los abogados del gobierno aseguran que la ciudadanía por nacimiento ha sido malinterpretada, y que este derecho ha incentivado la migración ilegal. En contraste, el juez LaPlante calificó los argumentos del gobierno como «poco convincentes» y sostuvo que negar la ciudadanía genera un daño irreparable.
Esta decisión se produce tras una sentencia de la Corte Suprema que dio 30 días a tribunales inferiores para actuar, lo que llevó a los demandantes a acelerar sus acciones legales en múltiples estados. En Maryland y el estado de Washington también se tramitan demandas similares.
Mientras tanto, organizaciones como CASA, que defiende los derechos de inmigrantes, han pedido calma, asegurando que aún existen varias vías legales para frenar la medida. Entre los testimonios presentados en el caso está el de una mujer hondureña con solicitud de asilo pendiente y el de un hombre brasileño con un hijo nacido recientemente en EE.UU.
Ambos padres expresaron su temor a que sus hijos pierdan un derecho que ha estado protegido por más de un siglo. Argumentan que nacieron en suelo estadounidense y, por tanto, deben ser reconocidos como ciudadanos.
Con información de El Universal
bvp