Por Ana Celia Casaopriego
¿Qué tendría que hacer el INE para que los ciudadanos sigamos confiando en los resultados de las próximas elecciones?
Esta es quizá una de las preguntas más importantes rumbo a 2027. Porque mientras los partidos políticos se preparan para competir, construir candidaturas y conquistar votos, el Instituto Nacional Electoral enfrenta un desafío que va mucho más allá de organizar una jornada electoral: garantizar que los ciudadanos tengamos razones para confiar en sus resultados.
La reciente controversia alrededor de Guadalupe Taddei, que derivó en su renuncia a la presidencia del INE, abrió una discusión que trasciende los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés y contrataciones irregulares. Las investigaciones deberán esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Pero desde la comunicación estratégica hay una pregunta que merece especial atención: ¿Qué sucede con la reputación de una institución cuando la credibilidad de quien la encabeza queda bajo cuestionamiento?
Porque las crisis de reputación tienen una característica particular: no siempre terminan cuando desaparece el motivo que las originó. En ocasiones, las dudas permanecen, las percepciones se instalan y la desconfianza comienza a extenderse mucho más allá de sus protagonistas.
De acuerdo con Latinobarómetro 2026, el 53% de los mexicanos manifiesta tener mucha o algo de confianza en el INE, una cifra superior al promedio latinoamericano del 34% y que representa una recuperación importante frente al 32% registrado en 2018. Sin embargo, estos datos fueron publicados antes de la reciente controversia y todavía no sabemos qué impacto tendrá en la percepción ciudadana.
Y ese es precisamente el punto: la confianza es uno de los activos más importantes de una institución, pero también uno de los más difíciles de recuperar cuando se deteriora.
Lo que nadie dice es que en comunicación estratégica sabemos que la reputación no se construye únicamente con lo que una institución dice de sí misma. Se construye con sus decisiones, sus acciones, su comportamiento y, sobre todo, con la interpretación que la sociedad hace de todo ello.
Una institución puede tener procedimientos sólidos, mecanismos de vigilancia y personal altamente capacitado. Pero si la ciudadanía percibe contradicciones, falta de transparencia o intereses ajenos a su responsabilidad pública, su credibilidad puede verse comprometida.
Aquí es donde una crisis individual puede convertirse en una crisis institucional.
La salida de Guadalupe Taddei no significa que el INE haya dejado de cumplir sus funciones ni demuestra que los procesos electorales estén comprometidos. Sin embargo, tampoco garantiza que las dudas sobre su conducción desaparezcan automáticamente.
La renuncia de una persona puede cerrar una etapa administrativa, pero no necesariamente una crisis de reputación. Y el problema adquiere otra dimensión cuando hablamos de la institución responsable de organizar nuestras elecciones. Porque el INE no solamente tiene que garantizar que los votos se cuenten correctamente, que las reglas se cumplan y que los procedimientos sean legales. También necesita que los ciudadanos confíen en que todo eso efectivamente ocurrió. La diferencia es fundamental.
La legalidad de una elección se acredita mediante procedimientos, controles y mecanismos de verificación. La confianza ciudadana, en cambio, se construye a partir de experiencias, información, percepciones y credibilidad acumulada. Y aunque ambas deberían caminar juntas, no siempre sucede.
En medio de esta controversia, me encontré con una pregunta que llamó particularmente mi atención: «¿Y ahora quién será el responsable del fraude electoral de 2027?»
Más allá de la ironía, lo verdaderamente relevante es lo que esa pregunta representa. Todavía no se celebran las elecciones y ya circulan expresiones que dan por hecho un fraude que no ha ocurrido.
No sabemos qué sucederá en 2027 y no existe fundamento para anticipar una irregularidad de esa naturaleza. Pero que esa sospecha pueda instalarse en la conversación pública debería preocuparnos.
En un entorno digital donde la información circula a gran velocidad, las versiones no verificadas se multiplican y las percepciones pueden consolidarse antes de que aparezcan las evidencias, la reputación de las instituciones enfrenta desafíos cada vez más complejos.
Una duda que no se responde, una contradicción que no se explica o una decisión que no se transparenta puede alimentar interpretaciones que terminan afectando la confianza pública.
El problema no es quién será responsable de un fraude que no ha ocurrido. El problema es que ya estamos hablando de él.
Y ahí está el verdadero desafío del INE rumbo a 2027: no solamente organizar elecciones transparentes y legales, sino garantizar que los ciudadanos tengan razones para confiar en sus resultados, independientemente de quién gane o pierda.
📌 Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta que:
- La confianza no se recupera con una campaña publicitaria, un nuevo eslogan o una serie de comunicados institucionales. Tampoco se construye pidiéndole a la ciudadanía que crea en una institución simplemente porque tiene una historia que la respalda. Se construye con hechos.
- El INE necesita fortalecer la transparencia de sus decisiones, explicar con claridad sus procesos internos y garantizar que los cuestionamientos sobre su funcionamiento encuentren respuestas oportunas y verificables. También necesita escuchar.
- La comunicación institucional no puede seguir entendiéndose como un ejercicio unilateral en el que las autoridades informan y los ciudadanos reciben mensajes. Hoy es indispensable conocer qué piensa la gente, cuáles son sus dudas, qué le preocupa y qué factores influyen en su confianza hacia las instituciones electorales.
- Escuchar no significa reaccionar a cada comentario en redes sociales, sino desarrollar mecanismos permanentes para comprender la percepción pública y distinguir entre críticas legítimas, desinformación y problemas reales que requieren atención. Y, sobre todo, necesita comunicar con congruencia.
No basta con hablar de independencia si las decisiones no se explican. No basta con defender la transparencia si la información resulta inaccesible. No basta con invocar la confianza ciudadana si no existen mecanismos claros para rendir cuentas.
La comunicación estratégica no sirve para maquillar una crisis ni para sustituir la responsabilidad institucional. Sirve para comprender el entorno, identificar riesgos, generar certezas y construir relaciones de confianza sustentadas en hechos.
El INE cuenta con una estructura profesional, experiencia acumulada y mecanismos de participación ciudadana que constituyen fortalezas importantes. Pero su reputación no puede darse por garantizada ni depender exclusivamente de su historia.
Rumbo a 2027, el desafío es demostrar que sus instituciones, sus procedimientos y sus decisiones están por encima de cualquier persona o interés particular. Porque en una democracia no basta con que el árbitro actúe con imparcialidad. También es indispensable que los ciudadanos tengan elementos suficientes para reconocer y verificar esa imparcialidad.
Las elecciones se ganan o se pierden en las urnas. Pero la confianza en sus resultados se construye mucho antes.
Y esa es una elección que el INE no puede darse el lujo de perder.