En sesión extraordinaria y en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobó los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos, actos, actividades y propaganda que realizan los aspirantes a la presidencia durante sus procesos como precandidatos.
Con los nuevos estatutos impuestos por el órgano electoral buscan “salvaguardar los principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad” de cara al proceso electoral federal 2024.
Los lineamientos prohíben que los actos públicos tengan como objetivo obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular.
Autorizó, por mayoría de 7 votos, que los aspirantes a las candidaturas presidenciales de ambos bloques políticos gasten hasta 34 millones de pesos en la contienda que realizan en estos meses, previos al proceso electoral. La fiscalización incluirá todo el periodo desde que dieron inicio los procesos internos de cada uno de los bloques políticos hasta la fecha de finalización, que deberá estar establecido en los documentos rectores del mismo.
Aunque admitió que debe aprobarse por tratarse del cumplimiento a una sentencia, la consejera Claudia Zavala manifestó su inconformidad con lo mandatado, pues aseguró que “lo que el Tribunal le ha pedido a esta autoridad es normar una serie de actividades proselitistas en un periodo que, simple y sencillamente, no está contemplado ni en la Constitución ni en la ley electoral”.
Junto con esto, lineamientos aprobados establecen que el INE certificará toda la propaganda colocada en vía pública, tales como espectaculares, en vehículos de transporte público y pinta de bardas, y que deberá ordenar el retiro inmediato de todo material que contenga elementos de naturaleza electoral o que sean equivalentes, así como aquella propaganda que no incluya los elementos de identificación del proceso político y en su caso de la persona inscrita.
Por si no lo viste:
De no retirarse, el INE lo contabilizaría como gasto de precampaña para el partido político. El gasto en propaganda, que deberá ser genérica sin mensajes electorales, será contabilizado como parte del ejercicio ordinario de los partidos.
La propaganda debe identificar el partido, la calidad de la persona inscrita, la denominación del proceso político y sólo debe hacer mención a ese proceso. Los lineamientos permitirán el financiamiento privado con los límites establecidos en las reglas vigentes para el periodo ordinario.
El INE permitió que los legisladores que actualmente contienden por la candidatura del Frente Amplio por México participen en el proceso político actual sin solicitar licencia a su cargo, pero con la advertencia de que deberán abstenerse de incurrir “en cualquier forma que pudiera implicar una vulneración en la equidad”.
Además, su participación será permitida, “siempre y cuando no se distraigan de su participación en las actividades legislativas a su cargo”. Al resto de servidores públicos se les reiteró su prohibición de participar en los procesos y de usar recursos públicos para financiarlos.
Respecto de posibles encuestas que soliciten aplicar los aspirantes a las candidaturas, los lineamientos marcan que las personas físicas o morales que las realicen deberán presentar al instituto un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos, y su costo deberá computarse como gasto ordinario.
Los lineamientos también incluyen prohibiciones expresas de recibir aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona, en ninguna circunstancia, de instituciones públicas, partidos políticos u organizaciones extranjeras, de personas que vivan o trabajen en el extranjero y personas no identificadas.
Los partidos políticos involucrados en los “procesos políticos” cuentan con cinco días naturales para reclasificar el gasto ordinario que han realizado en este proceso previo a la entrada en vigor de estas reglas.
Con información de Milenio.
dmra
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