El contralmirante Fernando N. fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, luego de la continuación de la audiencia inicial realizada en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La jueza de control también ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el exfuncionario de la Marina permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, mientras continúa el proceso judicial.
La resolución se dio en el marco de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de huachicol fiscal. De acuerdo con la defensa, la jueza consideró acreditada, en esta etapa del proceso, la existencia de una estructura en la que presuntamente habrían participado empresarios, agentes aduanales, personal civil, permisionarios de muelles y distintas dependencias federales. Sin embargo, el abogado de Fernando N. cuestionó que la dirección de una estructura de esa magnitud sea atribuida al contralmirante y a otro marino considerado de mando medio.
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La defensa sostuvo que la operación investigada habría requerido la intervención de funcionarios con mayor capacidad de decisión, debido a que las actividades señaladas involucrarían áreas como aduanas, Marina, Defensa, Guardia Nacional y la Secretaría de Energía. Otro de los argumentos presentados durante la audiencia se relacionó con las fechas en las que presuntamente Fernando N. se habría incorporado a la organización. La defensa señaló que un testigo ubicó el inicio de la red en 2019 y afirmó que durante 2020 comenzaron a ser reclutadas personas de la Marina.
No obstante, el abogado aseguró que el propio testimonio habría situado la incorporación de Fernando N. hasta enero de 2023, cuando el contralmirante se encontraba en España como agregado naval, por lo que cuestionó la posibilidad de que pudiera haber participado en determinadas operaciones señaladas por la Fiscalía. Durante la audiencia también fueron mencionadas referencias a otras personas presuntamente relacionadas con las operaciones investigadas. La defensa indicó que algunos nombres ya habían aparecido en publicaciones periodísticas, aunque aclaró que esas referencias no se han traducido, hasta el momento, en imputaciones dentro de este proceso.
Tras conocer la resolución, el abogado de Fernando N. anunció que no recurrirá mediante una apelación y que acudirá directamente al juicio de amparo para combatir tanto la vinculación a proceso como la prisión preventiva oficiosa. La defensa considera que durante el procedimiento se cometieron violaciones que deben ser revisadas por las autoridades judiciales y también cuestionó que la investigación no haya seguido, según su versión, el destino de aproximadamente 640 millones de pesos señalados como afectación económica.
La jueza estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá continuar recabando pruebas y las partes podrán presentar nuevos elementos. Fernando N. fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina, donde contaba con una ficha roja de Interpol solicitada por la FGR. Posteriormente fue trasladado a México e ingresado al penal del Altiplano. La vinculación a proceso no implica una sentencia definitiva. El contralmirante mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.
Con Información de El Sol de Toluca
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