El Gobierno de México aclaró este viernes en qué casos una persona que enfrenta una investigación penal puede contender por un cargo de elección popular, luego de la polémica generada por la posible candidatura presidencial de Francisco García Cabeza de Vaca y por una declaración previa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las órdenes de aprehensión.
Durante la conferencia matutina, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó que una investigación, denuncia o imputación no impiden por sí mismas que una persona sea candidata. La suspensión de los derechos político-electorales depende de que se actualicen determinados supuestos establecidos en la Constitución.
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La discusión surgió después de que García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, manifestara su intención de buscar la candidatura presidencial para 2030, pese a enfrentar una investigación por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero y residir en Estados Unidos.
En días recientes, Sheinbaum había señalado que una persona con una orden de aprehensión no podía ser presidenta; sin embargo, posteriormente reconoció que debía revisar el marco constitucional. A partir de esta revisión, el Gobierno precisó los escenarios que sí pueden suspender los derechos políticos.
De acuerdo con Zaldívar, el artículo 38 constitucional contempla la suspensión de estos derechos cuando una persona se encuentra en prisión preventiva, cumple una sentencia que implica la privación de la libertad, tiene una sentencia que establece la suspensión de sus derechos, es considerada prófuga de la justicia o cuenta con una condena por determinados delitos.
En el caso de una orden de aprehensión, explicó que esta no provoca automáticamente la suspensión de los derechos. Para que se actualice este supuesto debe acreditarse que la persona se sustrajo de la acción de la justicia y que las autoridades la buscaron sin poder localizarla.
Por lo tanto, una persona que únicamente está bajo investigación, enfrenta una denuncia o incluso ha sido vinculada a proceso puede conservar sus derechos político-electorales si permanece en libertad y no existe otra circunstancia que genere su suspensión.
El Gobierno señaló que estos criterios deberán aplicarse de manera individual en cada caso y bajo el principio de presunción de inocencia. Así, la situación jurídica de cada aspirante deberá determinarse conforme a las condiciones específicas de su proceso y a las resoluciones de las autoridades competentes.
Con información de Infobae
MM