El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente, informó ayer a la Cámara de Diputados que la entidad a su cargo ya presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de funcionarios y ex funcionarios del organismo comicial, así como contra empresas, por diversos delitos, entre ellos uso ilícito de atribuciones, cohecho y tráfico de influencias.
De acuerdo con fuentes legislativas, entre las personas involucradas en dichas denuncias estaría la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
Mediante un escrito que envió ayer por la tarde a los titulares de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de Transparencia y Anticorrupción, Javier Herrera Borunda (PVEM) y Ricardo Mejía Berdeja (PT), respectivamente, el funcionario les notificó de las acciones tomadas por el OIC en este tema.
“Se presentaron seis denuncias penales ante la FGR en contra de diversas personas servidoras y ex servidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación en hechos que la ley señala como delitos”, indicó Carvente Contreras.
Entre ellos, agregó, “se destacan los siguientes: a) uso ilícito de atribuciones y facultades; b) uso de documento falso; c) tráfico de influencias; d) ejercicio ilícito del servicio público; e) cohecho, y f) aquellos que la autoridad competente determine”.
Además, señaló, “se emplazó a ocho personas servidoras y ex servidoras públicas, así como a una persona moral, para comparecer a las audiencias iniciales correspondientes, en el marco de procedimientos de responsabilidad administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas graves”.
Lo anterior, dijo, “con el propósito de continuar con la substanciación de dichos procedimientos y, en su oportunidad, remitir los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que, en el ámbito de su competencia, determine lo que a derecho corresponda”.
En su escrito a los diputados, Carvente afirmó que “en caso de que este OIC advierta hechos que pudieran constituir delitos, continuará con la presentación de las denuncias correspondientes”.
Por otro lado, el INE presentó formalmente una denuncia ante la FGR para la investigación de los presuntos hechos de corrupción relacionados con los contratos firmados en los años recientes. En un comunicado emitido anoche, dijo que el instituto sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales.
Desde el jueves pasado, este diario informó que en la denuncia de hechos, el INE pide a la FGR indagar los contratos firmados durante el proceso de elección de juzgadores (2025) y de la producción de la credencial para votar.
Con información de Fabiola Martinez en La Jornada
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