El presidente de Perú, José Jerí, declaró estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días a partir de la medianoche del martes. El anuncio se realizó en cadena nacional, acompañado por todo su gabinete, apenas tres horas antes de la entrada en vigor del decreto. La medida busca enfrentar la crisis de violencia, extorsión y crimen organizado que azota al país y que contribuyó a la destitución de la expresidenta Dina Boluarte el pasado 10 de octubre.
“Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, declaró Jerí, quien reafirmó su política de “mano dura” frente al crimen. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, señaló el mandatario, dejando claro que su gobierno apostará por medidas firmes para recuperar el control en las calles.
El estado de emergencia, aprobado por el Consejo de Ministros conforme a la Constitución, permitirá restringir o suspender ciertos derechos ciudadanos, como la libertad de reunión y de tránsito. Aunque Jerí no detalló las acciones concretas, medios locales filtraron una versión del decreto que contempla medidas severas como restricciones a las visitas en cárceles, “apagones eléctricos” en celdas, destrucción de antenas ilegales y operativos en zonas identificadas con venta de drogas, armas o celulares de procedencia ilícita.
Según el diario oficial El Peruano, también se prohibirá el tránsito de dos adultos en motocicletas y los eventos masivos religiosos, culturales o deportivos deberán contar con autorización previa. Además, el gobierno ejecutará operativos contra mercados ilegales relacionados con trata de personas, tráfico de drogas, armas y extorsión.
El anuncio ocurre en medio de un clima de tensión social. A pesar del cambio de gobierno, las protestas no han cesado. Desde la llegada de Jerí al poder, al menos 100 personas han resultado heridas en enfrentamientos entre manifestantes y policías, y un hombre perdió la vida tras recibir un disparo el 15 de octubre. Los colectivos sociales han prometido mantenerse en las calles hasta lograr la renuncia del nuevo presidente, quien, sin embargo, ha afirmado que no abandonará el cargo.
La legitimidad de Jerí continúa siendo cuestionada, pues no fue electo por voto popular, sino designado por un Congreso desacreditado ante la ciudadanía. En este contexto, la medida de emergencia busca no solo frenar la violencia, sino también reforzar la autoridad de un gobierno que enfrenta graves desafíos de aceptación social y política.
Con información de BBC
bvp