La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establece la elección de jueces y magistrados para junio de 2025, presenta complicaciones tanto presupuestales como operativas para el Instituto Nacional Electoral (INE). Además, jueces y magistrados han identificado lagunas y problemas de implementación en la modificación constitucional.
Funcionarios del Poder Judicial expresaron inquietudes respecto a los “excesos” en la interpretación de las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial, que reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal. Argumentan que este nuevo tribunal podría carecer de imparcialidad, ya que tendría la facultad de sancionar a los mismos juzgadores, lo que los convierte en juez y parte.
Además, alertan sobre el riesgo de que durante un periodo de hasta 15 días no haya jueces ni magistrados en funciones, lo que impediría la toma de decisiones en ciertas materias que no pueden ser delegadas a los secretarios de los juzgados.
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Diagnósticos internos del Poder Judicial indican que la magnitud de la elección de jueces y magistrados será considerable. En la Ciudad de México, por ejemplo, los ciudadanos recibirían 23 boletas con más de mil candidatos. Esta cifra podría aumentar si las elecciones se dividen por especialización.
Otro problema identificado es el de los plenos regionales, que tienen competencia sobre varias entidades, pero que con la reforma se limitarán a un solo circuito, lo que podría reducir su capacidad operativa. Asimismo, los tribunales auxiliares, que actualmente apoyan a otros estados con la emisión de sentencias, verán restringida su competencia.
Con información de El Universal.
AR
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