El estado de Texas ha desplazado una línea de boyas en el río Bravo hacia territorio estadounidense en un momento en el cual tanto los gobiernos de Estados Unidos como de México han expresado su descontento por esta medida. El gobernador republicano del estado, Greg Abbott, autorizó este movimiento de las boyas con el objetivo de impedir la entrada de migrantes al país.
La reubicación de las boyas tuvo lugar un día antes de una audiencia en la cual se decidirá si se mantiene esta disposición. Texas comenzó a instalar estas grandes boyas de color naranja sobre el río Grande, como se conoce en Estados Unidos, el mes pasado. En respuesta, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra el estado argumentando que esta barrera podría afectar las relaciones con México y plantear riesgos humanitarios y ambientales.
Por si no lo viste:
Durante una visita a la ciudad fronteriza de Eagle Pass el lunes, donde se encuentran las boyas, Abbott explicó que se movieron «por exceso de cautela» debido a acusaciones de que habían cruzado hacia el lado mexicano del río. Sin embargo, el gobernador admitió no tener certeza sobre la veracidad de estas afirmaciones.
Por el momento, no se sabe cuándo el juez federal David Ezra de Austin podría emitir un veredicto sobre la barrera en cuestión. Al mismo tiempo, la amplia iniciativa fronteriza de Abbott, conocida como «Operación Estrella Solitaria», enfrenta múltiples desafíos legales, incluida una nueva demanda presentada por cuatro migrantes arrestados por agentes de la policía estatal después de cruzar la frontera.
Estos cuatro individuos, incluyendo a un padre y su hijo, son parte de los miles de migrantes detenidos en Texas desde 2021 bajo cargos estatales de entrada ilegal. Muchos de estos casos han sido desestimados o resultaron en acuerdos de culpabilidad a cambio del tiempo ya cumplido en prisión. Sin embargo, estos cuatro hombres continuaron detenidos en Texas durante dos a seis semanas después de lo que debía ser su liberación. Esto es señalado en una denuncia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas y el Proyecto de Defensa Justa de Texas, una organización sin fines de lucro que busca la imparcialidad en la aplicación de la ley en el sistema penal.
En lugar de permitir que el departamento de policía de Texas los liberara, la demanda alega que los hombres fueron transferidos a instalaciones federales de inmigración y luego enviados a México. «Un punto clave en todo esto, que es difícil de comprender, es que los problemas surgen de diversas formas a medida que desarrollan el sistema sobre la marcha», afirmó David Donatti, un abogado de la ACLU de Texas.
Los representantes de los condados Kinney y Val Verde, mencionados en la demanda y que se han alineado con la operación de Abbott, no respondieron de inmediato a los correos electrónicos solicitando comentarios. La demanda también sostiene que al menos otras 80 personas estuvieron detenidas por más tiempo del permitido por la ley estatal entre septiembre de 2021 y enero de 2022.
Abbott visitó la frontera en compañía de los gobernadores de Iowa, Oklahoma, Nebraska y Dakota del Sur, todos ellos republicanos que han enviado agentes armados y miembros de la Guardia Nacional de sus estados a la zona fronteriza.
Con información del New York Times
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