Este martes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudió ante la Fiscalía Nacional de su país para cumplir con su citatorio y declarar en las acusaciones por la presunta masacre de manifestantes opositores durante las movilizaciones sociales posteriores al arresto y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo.
Diversos medios peruanos de circulación nacional acusaron que Boluarte, no respondió a ninguna de las preguntas de los fiscales ni de los abogados de las víctimas de las protestas antigubernamentales durante su comparecencia.
Por si no lo viste:
Acudió a la sede de la Fiscalía en Lima para declarar en el marco de la investigación en contra suya y del primer ministro, Alberto Otárola, por los delitos de homicidio por la muerte de medio centenar personas durante las protestas de principios de año.
A pesar de que la defensa de la mandataria afirmó en los días previos que no se acogería a su derecho a no declarar, durante su comparecencia se desdijo y optó por no responder a las preguntas de la acusación, según reveló el abogado de las víctimas, Carlos Rivera, en su cuenta de Twitter.
Rivera contó que las preguntas a las que sí accedió responder Boluarte fueron “muy pocas”, “absolutamente generales” y “fáciles de responder”, mientras que “no hubo ninguna por parte de la Fiscalía” y “no aceptó preguntas de los agraviados”.
Al mismo tiempo reveló que la presidenta “no reconoce ninguna responsabilidad”, ni tampoco haber dado órdenes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, cuya represión ha sido constatada y denunciada en un último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que calificó lo ocurrido de “masacre“.
Tres horas después de su llegada, Boluarte abandonó la sede del Ministerio Público tal y como llegó, en su vehículo oficial y escoltada por dos furgonetas de la Policía Nacional, mientras a las puertas, se situaba un fuerte operativo policial y una pequeña multitud la acusaba de “asesina” y “vende patrias”.
Con información de Europa Press.
dmra
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