Por: Alfonso Malpica Olvera
Por una infancia segura y feliz.
Nuestro país ha demostrado a veces, de manera muy triste, que puede ser un lugar no adecuado para las mujeres.
Por mucho que el Presidente de la República haya querido esconder toda esa violencia detrás de la negación de lo obvio hablando del “amor fraternal de las familias”, lo cierto es que la violencia contra las mujeres y los feminicidios son una herida abierta en el corazón de nuestra sociedad que urge atajar para llegar a ser un mejor lugar para todas y todos.
También es cierto que, ante tal agravio, las mujeres mexicanas y, muy especialmente, las mamás mexicanas, a través de su lucha incansable exigiendo justicia para sus hijas víctimas de violencia y de feminicidio, han dado un ejemplo de dignidad a todas y todos, consiguiendo que México sea uno de los países pioneros en el mundo en la obligatoriedad de aplicación de la justicia con perspectiva de género cuando se trate de casos de violencia contra las mujeres y las niñas, con sentencias importantísimas incluso aplicables desde el derecho internacional.
Sin embargo, tan magna y loable lucha de las mexicanas, reconocida en el mundo entero como un aporte esencial en los derechos de las mujeres, se ve a veces empañada por algunas personas que, aprovechándose de esa causa, se infiltran en ella con el único propósito de dañar a quienes ya no están en su vida.
Son tristemente conocidos los casos en los que en procesos de separación familiar y de divorcio, algunas mujeres utilizan los instrumentos judiciales previstos para ser activados para proteger a las mujeres violentadas, sin serlo ellas, solo con el objetivo de perjudicar a sus exparejas, y en el peor de los casos, utilizando como ariete a sus hijos e hijas en común.
Esta situación es doblemente grave, no sólo por el agravio al que se enfrentan padres responsables que son tratados como si fueran progenitores irresponsables y no cuidadores, que, si bien los hay, no se da en estos casos, sino también porque esas mujeres que activan los sistemas de protección de manera corrupta, utilizando el nombre de todas, pervierten esos derechos y reconocimientos que tantos años de lucha legítima e incansable les ha costado conseguir a las mujeres que sí realmente han trabajado y trabajan por todas no sólo en su beneficio propio.
Lo peor de esta situación lo vemos cuando, en esa vorágine de venganza institucional que pretenden algunas personas, éstas no dudan en implicar en sus artimañas a los menores, hijos e hijas en común con la pareja a la que ahora quieren arrebatar su derecho a ser un padre responsable.
Sin duda, jueces y tribunales deben estar vigilantes para detectar, atajar y sancionar este intento de perversión de las leyes por una de las partes de la pareja en los procesos de divorcio y custodia, ya que el intento malintencionado, antijurídico e inmoral de querer privar a un hombre de poder ser el mejor padre para sus hijos, en realidad se convierte en una violación del derecho más importante que está en juego en estos casos que es el derecho de los niños y las niñas a tener padre.
Ante este panorama, es una obligación de los que ejercen las leyes garantizar a los y las niñas mexicanas que se vean inmersos en proceso de divorcio o separación de sus progenitores, su derecho inalienable a tener un papá que los críe, los ame, los eduque y los proteja como parte inseparable de una vida digna y plena como niños y niñas.
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