La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, fue aprobado en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Posteriormente, el Pleno también avaló la reforma en lo particular, con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención, por lo que el proyecto fue turnado al Senado para continuar con su proceso legislativo.
¿Qué cambiaría para quienes quieran competir por estos cargos?
La propuesta establece que las personas que aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener otra nacionalidad además de la mexicana.
En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, de acuerdo con el procedimiento establecido en la legislación correspondiente.
La restricción también contempla el ejercicio del cargo. De aprobarse definitivamente, quienes ocupen estas posiciones no podrán adquirir, invocar o hacer valer otra nacionalidad durante su mandato. Entre las restricciones planteadas se encuentra el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado y el ejercicio de derechos políticos derivados de una nacionalidad extranjera.
La medida no aplicaría para todos los cargos de elección popular
Durante la discusión se aclaró que la reforma está dirigida exclusivamente a quienes busquen encabezar el Poder Ejecutivo federal o estatal, así como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Por ello, la propuesta no contempla eliminar la posibilidad de que personas con doble nacionalidad puedan competir por cargos como diputaciones federales, senadurías, diputaciones locales o presidencias municipales.
Morena defiende la nacionalidad única
Durante el debate, Morena sostuvo que la reforma busca garantizar que quienes encabecen los principales poderes ejecutivos del país mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentó que el cambio pretende reducir la posibilidad de que intereses de otros países tengan influencia en quienes ocupen estos cargos.
De acuerdo con el planteamiento presentado por los legisladores que respaldan la iniciativa, una persona mexicana que tenga otra nacionalidad y quiera competir por alguno de estos puestos tendría que renunciar previamente a ella.
Oposición cuestiona sus efectos
Las bancadas de oposición cuestionaron la propuesta y señalaron que podría afectar los derechos políticos de mexicanos que viven en el extranjero y que han adquirido una segunda nacionalidad.
Durante la discusión, legisladores del PRI utilizaron cartulinas con mensajes dirigidos a la comunidad migrante y criticaron que mexicanos que mantienen vínculos con otros países puedan enfrentar nuevas restricciones para participar en la vida política del país.
El PRI también sostuvo que la reforma podría utilizarse para impedir la participación de determinados perfiles políticos, mientras que desde Morena y el PT se defendió que el objetivo es establecer condiciones específicas para quienes busquen encabezar los poderes ejecutivos.
¿Cuándo entraría en vigor?
La reforma contempla una aplicación gradual. De acuerdo con el régimen transitorio aprobado por los diputados, las nuevas reglas comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
Sin embargo, el cambio todavía no es definitivo. Tras ser aprobado por la Cámara de Diputados, el proyecto fue enviado al Senado de la República, donde deberá continuar su discusión y votación como parte del proceso de reforma constitucional.
Con información de La Jornada.
AS.