La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz solicitó al Congreso local el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al señalarlo como el presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
La petición forma parte de la investigación por la privación ilegal de la libertad y el homicidio de la comunicadora, ocurrido tras su desaparición el pasado 2 de junio. De acuerdo con la FGE, el retiro de la protección constitucional permitiría proceder penalmente en contra del edil.
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Asimismo, la Fiscalía solicitó el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, aunque hasta el momento no ha informado públicamente los delitos que se le atribuyen.
La madre de la periodista, Rubicelia Ramírez Posada, reconoció los avances de la investigación, pero pidió que el caso se resuelva con total apego a la justicia y sin utilizar a personas como «chivos expiatorios». Además, reiteró su exigencia de que todos los responsables sean investigados y sancionados conforme a la ley.
La carpeta de investigación contempla hasta el momento a ocho presuntos involucrados, entre ellos integrantes de un grupo delictivo y elementos de corporaciones policiacas municipales. La familia de Roxana también solicitó que se investigue a otros funcionarios de seguridad presuntamente relacionados con los hechos.
Por su parte, Movimiento Ciudadano fijó una postura respecto al procedimiento iniciado por la Fiscalía. La diputada local Elena Córdova Molina señaló que el partido respalda el cumplimiento de la ley, pero pidió que las investigaciones se conduzcan con imparcialidad, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Además, advirtió que las instituciones de procuración de justicia no deben utilizarse con fines políticos.
Los alcaldes señalados cuentan con un plazo de siete días hábiles para presentar su defensa ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz. Posteriormente, el órgano legislativo analizará las pruebas y determinará si existen elementos suficientes para someter a votación el desafuero de los funcionarios.
Con Información de LatinUs
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