Integrantes de comunidades indígenas mayo-yoreme iniciaron este lunes una toma pacífica e indefinida de la planta de amoniaco que construye Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial mexicana del grupo suizo-alemán Proman, en la bahía de Ohuira, Sinaloa.
Los manifestantes aseguran que el megaproyecto representa una amenaza para el ecosistema de la región y para la permanencia de los pueblos originarios que habitan en la zona, por lo que exigen la intervención inmediata del Gobierno federal.
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Instalan campamento y bloquean acceso a la planta
Desde las primeras horas de este lunes, integrantes del colectivo ¡Aquí No! levantaron carpas en la entrada principal de las instalaciones para impedir el acceso al complejo industrial.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, afirmó que la protesta permanecerá de manera indefinida hasta obtener una respuesta concreta por parte de las autoridades federales.
“Aquí nos quedaremos el tiempo que sea necesario, tiempo indefinido, hasta tener respuesta del Gobierno federal”, declaró.
Según explicó, entre 150 y 200 personas de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos participan en la movilización, considerada por los habitantes como un hecho histórico después de más de una década de resistencia contra el proyecto.
Exigen clausura de una obra con 88% de avance
La principal demanda de los pueblos indígenas es la cancelación definitiva y clausura de la planta de amoniaco, cuya construcción registra un avance cercano al 88%.
Los inconformes sostienen que la instalación del complejo industrial ha provocado afectaciones ambientales en la bahía de Ohuira, incluyendo la tala de manglares y el relleno de aproximadamente 28 hectáreas de humedales.
Además, demandan que las autoridades ambientales sancionen los daños ocasionados y ejecuten acciones de restauración ecológica en la zona.
“Profepa debe actuar conforme al daño causado al medioambiente”, señaló Montaño al referirse a las afectaciones registradas en el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar.
Preocupación por el impacto ecológico y social
Las comunidades indígenas rechazan también la posibilidad de que el proyecto sea trasladado a otro punto de Sinaloa, argumentando que los riesgos ambientales permanecerían.
La planta, financiada por el banco público alemán KfW IPEX-Bank mediante una inversión estimada en 860 millones de dólares, ha sido promovida por la empresa como una iniciativa de desarrollo económico y sustentable para la región.
Sin embargo, los opositores consideran que los beneficios económicos no compensan los posibles daños al ecosistema ni las afectaciones a las actividades pesqueras y de subsistencia de miles de habitantes.
Autoridades analizan el futuro del proyecto
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han informado que realizarán estudios y revisiones para determinar si el proyecto cumple con la normatividad ambiental vigente.
No obstante, los integrantes del movimiento consideran que las evidencias de afectación ya son suficientes y advierten que cualquier retraso en la toma de decisiones podría agravar los daños en la región.
Doce años de resistencia en defensa del territorio
La oposición de las comunidades mayo-yoreme a la planta de amoniaco se remonta a 2014. Durante este tiempo han impulsado diversas acciones legales para exigir el respeto a su derecho a la consulta previa, libre e informada.
En 2022, el conflicto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un proceso que los pobladores califican como irregular debido a presuntas prácticas de compra de votos durante las consultas realizadas.
Además, organismos internacionales han expresado preocupación por el megaproyecto. Naciones Unidas advirtió a los gobiernos de México, Alemania y Suiza sobre los riesgos ambientales y de seguridad asociados a la operación de la planta, incluyendo posibles fugas de sustancias tóxicas que podrían afectar a miles de habitantes y al ecosistema de la bahía de Ohuira.
Las comunidades aseguran que mantendrán el bloqueo hasta que las autoridades federales definan el futuro de la obra y atiendan sus exigencias de protección ambiental y respeto a los derechos de los pueblos originarios.
Con información de LatinUs.
AS.