La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este miércoles que el Gobierno de México logró recuperar 578.5 millones de dólares relacionados con la red de corrupción encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La recuperación forma parte de los litigios civiles que las autoridades mexicanas mantienen en cortes de Florida, Estados Unidos, para reclamar recursos presuntamente desviados mediante contratos irregulares y empresas fachada.
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De acuerdo con Hacienda, la resolución judicial ordenó a integrantes de la familia Weinberg y a compañías relacionadas pagar dicha cantidad como reparación del daño patrimonial causado al Estado mexicano.
La dependencia explicó que esta resolución se suma a las sentencias emitidas en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por un monto de 2 mil 448 millones de dólares.
Con ello, el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano supera ya los 3 mil 67 millones de dólares, en uno de los casos de recuperación patrimonial más relevantes de los últimos años.
Recursos regresan a la Tesorería
La SHCP detalló que el dinero recuperado fue reintegrado a la Tesorería de la Federación, mientras continúan las acciones legales para recuperar más recursos vinculados al presunto esquema de desvío de dinero público operado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El caso García Luna se ha convertido en uno de los expedientes más importantes para las autoridades mexicanas debido al presunto lavado de dinero y corrupción relacionados con contratos públicos y triangulación de recursos.
La defensa de García Luna busca anular su condena
En diciembre de 2025, la defensa de Genaro García Luna presentó una apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que cumple en Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Los abogados del exfuncionario entregaron un recurso de 78 páginas ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, donde solicitaron anular la condena o realizar un nuevo juicio.
Entre los argumentos presentados, la defensa sostiene que el juez Brian Cogan incurrió en irregularidades durante el proceso judicial y permitió testimonios de testigos presuntamente poco confiables.
También señalaron que existieron restricciones para acceder a evidencia clasificada que, según afirman, podría favorecer a García Luna.
Actualmente, el exsecretario de Seguridad permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, luego de haber sido declarado culpable en 2023 por delitos relacionados con narcotráfico.
Con información de El Financiero.
AS.