La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, intervención del Ministerio Público o solicitud de una autoridad extranjera, siempre que existan indicios de delitos de origen nacional como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
El fallo se dio tras la resolución de una acción de inconstitucionalidad y dos amparos, en los que el Pleno determinó, por mayoría de seis votos contra tres, que esta medida no constituye una sanción penal, sino una acción administrativa de carácter preventivo para proteger el sistema financiero. Con ello, se declaró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Durante la discusión, se destacó que criterios anteriores habían permitido el desbloqueo masivo de cuentas por más de 32 mil millones de pesos entre 2018 y 2025. La ministra Lenia Batres argumentó que en muchos casos no se analizaban a fondo los indicios de operaciones ilícitas, lo que favorecía a quienes impugnaban su inclusión en la lista de personas bloqueadas.
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La resolución también implicó dejar sin efecto jurisprudencias previas que exigían la participación de autoridades extranjeras para proceder con el bloqueo de cuentas. Ahora, la UIF podrá actuar con base en indicios nacionales, siempre garantizando el derecho de audiencia y defensa de los afectados.
Sin embargo, la decisión generó posturas divididas entre los ministros. Algunos advirtieron riesgos en materia de seguridad jurídica, al considerar que la norma no define con claridad las causas ni la duración de los bloqueos, lo que podría derivar en abusos. Otros defendieron la medida como necesaria ante la rapidez con la que operan actualmente los sistemas financieros y la delincuencia organizada.
En uno de los casos analizados, la Corte negó el amparo a una empresa vinculada a un presunto familiar de Ismael “El Mayo” Zambada, confirmando el bloqueo de sus cuentas por posibles vínculos con actividades ilícitas.