La audiencia del 10 de julio de 2025 en la Corte del Distrito Norte de Illinois marcó un momento clave en el proceso judicial contra Ovidio Guzmán López. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable de cuatro cargos graves relacionados con narcotráfico y conspiración criminal, formalizando un acuerdo con la fiscalía que podría cambiar el rumbo de su destino legal.
Durante la audiencia, lo que más llamó la atención no fue solo lo jurídico, sino el evidente deterioro físico y emocional de Guzmán López. Vestido con un overol naranja, con la mirada baja, encorvado y visiblemente más delgado, el acusado apareció ante el tribunal con lentes oftálmicos y un rostro serio, sin mostrar signos de desafío. Su estado fue interpretado como reflejo de una crisis emocional que él mismo confirmó minutos después.
Ante la jueza Sharon Johnson Coleman, Ovidio reveló que padece depresión clínica, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y toma medicación de forma regular. La jueza le preguntó si estaba en condiciones de continuar con el proceso judicial, y él respondió que sí, explicando su situación de salud mental con claridad.
Este cuadro no es nuevo. Desde su detención en México, sus abogados ya habían advertido que padecía ansiedad, gastritis severa y depresión. Incluso solicitaron una dieta especial y atención médica constante durante su estancia en el penal del Altiplano. También se sabía de su miopía severa, lo que explicaría el uso de lentes con graduación alta.
Más allá del estado físico y emocional, la audiencia tuvo implicaciones legales importantes. Guzmán López aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses como parte de su acuerdo con la fiscalía. Esto incluye información sobre redes criminales, lavado de dinero y posibles conexiones políticas. A cambio, podría evitar la cadena perpetua.
El fiscal federal Andrew Erskine explicó que, si la colaboración es considerada útil y verificable, su sentencia podría ser menor. Sin embargo, cualquier mentira o incumplimiento anularía el acuerdo. La jueza recordó que la decisión final se tomará en seis meses, cuando se evalúe el valor real de la información proporcionada por el acusado.
Con información de Infobae
bvp