Desde finales de mayo de 2025, el gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha impulsado negociaciones con Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra y sus presuntos cómplices, con el fin de concretar un acuerdo que permita recuperar recursos públicos desviados mediante contratos irregulares, en lugar de continuar con el litigio civil en Miami.
Aunque la demanda fue retirada de forma voluntaria, la jueza autorizó mantener jurisdicción para ratificar cualquier acuerdo alcanzado, y si transcurren 30 días sin un convenio, el Estado podrá presentar nuevamente la demanda.
Esto se da luego de que en mayo una corte civil en Miami falló en favor del gobierno mexicano, condenando a García Luna a pagar 748 millones de dólares y a su esposa otros 1,740 millones, por un total de cerca de 2,488 millones, por el desvío de fondos públicos hacia cuentas en E.U. La UIF indicó que el retiro voluntario de la demanda no anula la sentencia, y que el proceso civil podría reactivarse si no se llega a un acuerdo.
Además del ámbito civil, en Estados Unidos García Luna enfrenta condena penal de hasta 38 años de cárcel por vínculos con el Cártel de Sinaloa, mientras que en México la Fiscalía General de la República mantiene abiertos procesos por enriquecimiento ilícito. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las negociaciones no implican impunidad, sino la recuperación de bienes para el erario, y advirtió que, de no llegar a un acuerdo, se impondrán medidas más severas en ambos países.
Con información de Infobae.
AR
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