Tras dos días de bloqueo total en el kilómetro 70+400 de la carretera México-Puebla, los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan decidieron liberar un carril de la vialidad de manera permanente para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía. Esta decisión se tomó luego de una reunión entre los representantes de los campesinos y el secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón.
Los ejidatarios, que exigen el pago de una indemnización por la expropiación de sus tierras en 1958 para la construcción de la carretera, acordaron mantener la circulación intermitente mientras se desarrollan las mesas de diálogo con las autoridades federales. Desde las 11 de la mañana de ayer, los manifestantes permitieron el tránsito por intervalos de dos horas, con la intención de mitigar el impacto sobre los transportistas y automovilistas afectados, quienes formaron filas de hasta 30 kilómetros.
En una conferencia realizada en el punto del bloqueo, los asesores legales de los ejidatarios, Patricia Rodríguez Flores y Jorge Portilla Alba, anunciaron que liberarían otras vialidades bloqueadas, como el Arco Norte y los tramos Tlaxco-Tejocotal y Apizaco-Huamantla. Sin embargo, por la noche, las autoridades de Tlaxcala reportaron que los cierres intermitentes continuaban.
Durante la rueda de prensa, Rodríguez Flores y Portilla Alba mencionaron que fueron citados por la Fiscalía General del Estado en calidad de indiciados en varias carpetas de investigación, aunque no revelaron detalles sobre estas. Además, enfrentaron el descontento de un grupo de transportistas varados, quienes criticaron la falta de consideración hacia las personas afectadas por el bloqueo.
Javier Aquino Limón, en representación del gobierno estatal, agradeció la liberación parcial de la carretera y expresó su esperanza de que esta situación no se repita, subrayando las graves afectaciones que sufrieron los ciudadanos, incluyendo el caso de dos adultos mayores que debieron ser trasladados en helicóptero para recibir atención médica urgente.
Los ejidatarios, cuyo proceso legal por la expropiación de 41 hectáreas del ejido Ignacio López Rayón en 1958 concluyó hace dos años con un fallo a su favor, mantienen su postura de no aceptar las indemnizaciones propuestas por las autoridades federales, alegando que no se ha realizado un avalúo justo de los terrenos. Según los representantes legales, los montos ofrecidos, como cuatro pesos por metro cuadrado, son inaceptables y no reflejan el valor real de sus tierras. Por ello, continuarán con sus protestas hasta obtener una compensación adecuada.
Con información de Infobae.
AR
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