PRIMERO LOS NIÑOS

Por Alfonso Malpica Olvera

 

 

Según los últimos datos de UNICEF México, la infancia y la adolescencia representan un 35% de la población total que habita el país, es decir hay aproximadamente 40 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales más del 51% se encuentran en la pobreza. A pesar de esta situación urgente, más de 20 millones de pequeños mexicanos y mexicanas carecen de acceso a acciones legislativas en su beneficio.

 

Se supone que una sociedad “avanzada” como la nuestra, que se preocupa por los derechos humanos, y que inclusive utiliza a estos grupos de la población, particularmente a la adolescencia como un objeto dentro de la economía de súper consumo, debería también tenerlos en cuenta más bien como lo que son, sujetos de derechos.

 

Sin embargo, parece que nos hemos decantado por el significado latino de la propia palabra “infancia”, del latín “sin voz”, como la máxima por la que se mantienen las políticas públicas aparentemente dirigidas a la niñez y la adolescencia, una argamasa politizada, un discurso hueco. Ya no es que no se vean o no se escuchen, sencillamente no existen.

 

Hemos conocido hace unos días que más de cien iniciativas legislativas en favor de los derechos de la infancia y la adolescencia se van a quedar sin tramitar, y por tanto, sin aprobar en la presente legislatura, dado que el periodo ordinario de sesiones que queda por delante se va a usar por parte del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados, para dar luz verde a otras “políticas” eso sí electoralmente rentables y vendibles.

 

Se puede pensar que, obviamente, como los menores no votan no son prioritarios para los gobernantes que pretenden ser elegidos. Sin embargo, los padres y madres si votan, aunque eso no parece importar mucho.

 

Los datos hacen palidecer cualquier cálculo electoralista que concluya que no vale la pena preocuparse por los niños y las niñas mexicanos. Lo cierto es que un país que da la espalda a sus niños y adolescentes en realidad le está dando la espalda a su futuro, es decir, camina hacia ninguna parte.

 

Garantizar las pensiones alimenticias o promover la adopción de niñas y niños por parte de familias que garanticen su derecho a crecer en paz y con amor, no debería ser considerado secundario para los legisladores. Alejar a las y los adolescentes de las organizaciones criminales de trata de personas debe ser una prioridad máxima o proteger a los miles de niños y niñas huérfanos porque sus madres han sido víctimas de feminicidio, no sólo es una obligación ética, jurídica y moral, sino una deuda impagable que el Estado Mexicano tiene con esos pequeños, ya que no fue capaz de proteger a sus madres de la violencia.

 

Todo esto no puede ser un asunto menor para la sociedad mexicana, sobre todo si tenemos en cuenta que el futuro y las oportunidades que se doten a la juventud garantiza la sostenibilidad del sistema productivo y de las futuras prestaciones sociales. Luego entonces, efectivamente la infancia y adolescencia mexicanas son nuestro mayor activo, es de justicia que así se refleje en nuestras leyes.