El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ordenó a los fiscales federales dar prioridad a las investigaciones relacionadas con el llamado «turismo de nacimiento», una práctica mediante la cual mujeres embarazadas viajan al país con el objetivo de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y obtengan automáticamente la ciudadanía.
La decisión fue emitida apenas unas horas después de que la Corte Suprema rechazara el intento del presidente Donald Trump de limitar ese derecho constitucional, marcando un nuevo frente en la política migratoria de su administración.
La directiva, firmada por Colin McDonald, subsecretario de Justicia encargado del área de fraudes, instruye a los fiscales a trabajar de manera coordinada con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para detectar posibles casos de fraude migratorio relacionados con esta práctica y llevarlos ante la justicia.
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Fiscalía buscará nuevos delitos para combatir esta práctica
El memorando establece que quienes ingresen a Estados Unidos mediante engaños con el propósito de dar a luz y obtener la ciudadanía para sus hijos podrían enfrentar distintos cargos penales.
Entre los delitos que podrán ser investigados se encuentran:
- Fraude de visa, por proporcionar información falsa sobre el motivo real del viaje.
- Lavado de dinero, cuando existan pagos destinados a empresas que organizan estos servicios y oculten el origen o destino de los recursos.
- Robo de identidad, en caso de utilizar información falsa o de terceros durante los trámites migratorios.
- Fraude electrónico, cuando se empleen medios digitales para realizar actividades engañosas relacionadas con estos esquemas.
En el documento, McDonald afirmó que el Departamento de Justicia buscará proteger la integridad del sistema migratorio mediante investigaciones y procesos penales contra quienes, presuntamente, intenten obtener beneficios de forma fraudulenta.
La nueva estrategia amplía una iniciativa que el Departamento de Seguridad Nacional ya había puesto en marcha en abril, enfocada específicamente en detectar casos de «turismo de nacimiento».
La Corte Suprema mantuvo vigente la ciudadanía por nacimiento
La decisión del Departamento de Justicia se produjo después de que la Corte Suprema, con una votación de seis magistrados contra tres, rechazara una orden ejecutiva impulsada por Donald Trump.
Dicha orden pretendía impedir que los hijos de personas sin ciudadanía estadounidense o residencia legal permanente obtuvieran automáticamente la nacionalidad por haber nacido en territorio estadounidense.
Sin embargo, el máximo tribunal reafirmó que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución protege ese derecho, independientemente de la situación migratoria de los padres.
La enmienda, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil, establece que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana del país, un principio que la Corte volvió a respaldar en su resolución.
No obstante, el juez Clarence Thomas presentó una extensa opinión en desacuerdo, lo que ha generado preocupación entre algunos especialistas sobre posibles futuras discusiones respecto a este derecho constitucional.
Trump insiste en modificar la legislación
Tras conocerse el fallo, Donald Trump calificó la resolución como una mala noticia para Estados Unidos y pidió al Congreso comenzar de inmediato el proceso para eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una reforma legal.
El mandatario aseguró que respaldaría plenamente cualquier iniciativa legislativa encaminada a modificar las actuales disposiciones sobre nacionalidad.
Aunque descartó impulsar una enmienda constitucional, especialistas en derecho consideran que modificar este principio mediante una ley ordinaria enfrentaría importantes desafíos legales.
Expertos ven un alivio, pero mantienen cautela
Diversos especialistas en derecho migratorio consideraron positiva la decisión de la Corte Suprema, aunque advirtieron que el debate sobre la ciudadanía por nacimiento está lejos de concluir.
La abogada de inmigración Annelise Araujo señaló que, si bien el fallo representa un alivio para miles de familias migrantes, la opinión disidente de algunos magistrados demuestra que el tema podría volver a discutirse en el futuro.
Además, recordó que la ciudadanía de los hijos nacidos en Estados Unidos puede ser un elemento relevante en determinados procesos migratorios, como solicitudes para cancelar órdenes de deportación cuando se cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley.
Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos civiles celebraron la resolución de la Corte Suprema al considerar que reafirma una protección constitucional vigente desde hace más de 150 años.
La estrategia cambia del ámbito constitucional al penal
Aunque la Corte Suprema frenó el intento de modificar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva, la administración de Donald Trump dejó claro que continuará combatiendo el llamado «turismo de nacimiento» desde otra vía.
La nueva directiva del Departamento de Justicia marca un cambio de estrategia: en lugar de intentar restringir el derecho constitucional, las autoridades buscarán perseguir penalmente los casos en los que existan indicios de fraude migratorio o delitos financieros relacionados con esta práctica.
Con ello, el gobierno estadounidense mantiene su agenda en materia migratoria, ahora enfocada en reforzar la aplicación de las leyes penales existentes contra quienes considere que abusan del sistema de inmigración.
Con información de Infobae.
AS.