La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a una de las primeras grandes correcciones de la reforma judicial, al plantear que la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros ya no se realice en 2027, sino hasta el 4 de junio de 2028. La propuesta fue presentada por la nueva consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y busca modificar no solo la fecha del proceso, sino también los mecanismos de selección de aspirantes, la integración de los comités evaluadores y el diseño de las boletas electorales.
El planteamiento llega después de las críticas que dejó la elección judicial de 2025, considerada el primer ensayo del nuevo modelo. Aunque desde el oficialismo se defendió como una transformación histórica del sistema de justicia, el proceso también exhibió problemas importantes: baja participación ciudadana, exceso de candidaturas, perfiles cuestionados por falta de experiencia y un sistema de evaluación que no logró filtrar con suficiente rigor a quienes aspiraban a ocupar cargos judiciales.
De acuerdo con la propuesta, el aplazamiento permitiría mejorar la organización electoral y evitar que la elección judicial choque con los comicios intermedios de 2027, cuando también se renovarán cargos federales, estatales y municipales. El INE ha advertido que realizar ambos procesos al mismo tiempo podría generar una saturación logística y presupuestal, además de obligar a los ciudadanos a enfrentar una jornada electoral más compleja.
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Sheinbaum ha presentado el cambio principalmente como una medida logística. La mandataria señaló que en 2027 habría una dificultad operativa por la coincidencia de elecciones constitucionales federales, estatales y municipales con la elección judicial. Sin embargo, el contenido de la iniciativa apunta a una revisión más profunda del modelo, pues plantea modificar los filtros de selección, reducir el número de nombres en las boletas y homologar los criterios de evaluación en todo el país.
Uno de los cambios centrales sería la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres Poderes. Este nuevo órgano tendría la responsabilidad de verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos legales y de unificar los criterios con los que serán evaluados. Con ello, el Gobierno busca evitar que cada comité opere con reglas distintas o con criterios poco claros.
La iniciativa también propone endurecer los filtros para quienes busquen competir por un cargo judicial. Entre los ajustes se contemplan evaluaciones técnicas obligatorias, exámenes elaborados por la Escuela Nacional de Formación Judicial, entrevistas especializadas y mayores requisitos de experiencia profesional. La intención es que el proceso no dependa únicamente de elementos generales como el promedio académico, sino de pruebas que permitan medir conocimientos, competencias jurídicas, trayectoria y antecedentes.
Otro punto importante es la reducción del número de candidaturas. En la elección de 2025, uno de los principales señalamientos fue que las boletas resultaron demasiado extensas y complicadas para la ciudadanía. Para corregirlo, la nueva propuesta plantea que los comités de evaluación elijan únicamente a las cuatro personas mejor calificadas por cada cargo. Posteriormente, se realizaría una insaculación pública para dejar solo dos candidaturas por plaza y especialidad, cuidando criterios de paridad de género.
El ajuste impactaría directamente en los cargos de mayor relevancia. Según lo planteado, en la Suprema Corte el número de candidaturas pasaría de 81 a 54; en el Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30; y en el Tribunal Electoral, de 63 a 42. A nivel general, la elección de 2028 renovaría cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, además de 424 magistraturas y más de 2 mil 800 jueces locales en 25 estados.
La simplificación también llegaría a las boletas. Cada ciudadano votaría únicamente por un juez y un magistrado por especialidad, entre las candidaturas presentadas por los tres Poderes. Además, las papeletas tendrían que distinguir con claridad qué aspirantes fueron postulados por cada Poder, con el objetivo de reducir la confusión y facilitar la toma de decisión de los votantes.
El INE también tendría que rediseñar la geografía electoral judicial, mediante distritos especializados que permitan organizar mejor la votación. La propuesta contempla que las elecciones judiciales puedan realizarse en las mismas casillas que otros comicios, aunque sin la participación de representantes partidistas en las actividades relacionadas con la elección de jueces y magistrados.
La reforma también busca extender las nuevas reglas a los poderes judiciales estatales. Esto implicaría que los congresos locales repliquen criterios federales, incluyendo comités de evaluación homologados, reducción de candidaturas, insaculación obligatoria y boletas más simples. En los hechos, el Gobierno federal intentaría ordenar bajo un mismo esquema los procesos judiciales tanto nacionales como locales.
Además, se propone cambiar el sistema de sustituciones. En caso de que un juez o magistrado deje el cargo por muerte, renuncia o destitución, la vacante ya no sería ocupada automáticamente por quien quedó en segundo lugar durante la elección. En su lugar, el espacio permanecería libre hasta el siguiente proceso electoral.
Aunque el Gobierno federal evita presentar la iniciativa como una corrección de plana, el paquete de cambios confirma que la reforma judicial necesita ajustes importantes antes de su siguiente etapa. Lo que originalmente fue defendido como una democratización profunda del Poder Judicial ahora entra en una fase de revisión, marcada por la necesidad de reducir la complejidad, mejorar los filtros y evitar que la elección de jueces vuelva a convertirse en un proceso confuso para la ciudadanía.
En el fondo, el aplazamiento a 2028 no solo responde a un problema de calendario. También refleja el reconocimiento de que una elección judicial requiere reglas más claras, perfiles mejor evaluados y una organización electoral capaz de sostener la legitimidad del nuevo modelo. La apuesta de Sheinbaum será corregir sin romper con la reforma heredada del obradorismo, pero el reto será demostrar que los cambios realmente mejoran el sistema y no solo administran las fallas del primer intento.
Con Información de El País
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