La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, determinó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, en el que murieron 14 personas y alrededor de 100 resultaron heridas, fue consecuencia del exceso de velocidad por parte de los operadores, y no de deficiencias en la construcción de esta obra impulsada durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Al dar a conocer el informe final sobre el accidente ocurrido en la Línea Z, en las inmediaciones de Nizanda, Oaxaca, la fiscal señaló que los análisis técnicos realizados al tramo afectado confirmaron que la vía, los durmientes, las fijaciones y el balasto cumplen con las normas correspondientes en materia de arquitectura e ingeniería civil.
Con base en estos resultados, la FGR descartó proceder penalmente contra la Secretaría de Marina, responsable de la construcción y operación del proyecto a través de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., por posibles delitos relacionados con uso indebido de atribuciones o ejercicio irregular del servicio público.
En un mensaje en redes sociales, Godoy Ramos afirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no detectaron irregularidades en 12 auditorías y cinco expedientes de investigación relacionados con 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición del material rodante y el mantenimiento de ambos.
“En lo que se refiere a los delitos de uso ilícito de atribuciones y de ejercicio indebido del servicio público, lo descartamos con base en la información debidamente proporcionada por la empresa ferroviaria, así como por el análisis de seis auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras seis auditorías y cinco expedientes de investigación ya concluidos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, relativos a 41 contratos públicos relacionados con la vía, adquisición del material moviente y el mantenimiento a ambos, en todos los casos sin observaciones penales que denunciar por ambas dependencias”, sentenció.
De esta manera, la representante del Ministerio Público Federal señaló que el proceso penal contra Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor; y Ricardo Mendoza Cerón, únicos detenidos por esta tragedia, continúa, aunque falta por detener a Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista.
Al respecto, Godoy Ramos recordó que Díaz Gómez y Mendoza Cerón, presos en el penal del Amate, Chiapas, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas, y su proceso penal continúa.
“Ministerios públicos, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual la investigación se llevó ante un juez oportunamente, con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, y posteriormente se desarrolló audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso”, presumió Godoy Ramos.
Asimismo, la fiscal reveló que la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., llegó a un acuerdo reparatorio con 145 personas (114 adultos y 31 menores y adolescentes), quienes han recibido la reparación integral del daño, extinguiendo la acción penal contra la paraestatal.
“Estos acuerdos, contemplados en la Constitución y en la ley, ofrecen siempre una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, a fin de que puedan obtener la reparación integral del daño, accediendo a medidas que compensen la afectación ocasionada”, indicó.
Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de Gobernación, que aseguró que 100% de las personas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas, pero por “razones de protección y a solicitud de las víctimas” no se dieron a conocer los montos erogados.
Al cerrar el caso, Ernestina Godoy Ramos mencionó que la FGR “cumplió con sus funciones relativas al esclarecimiento de los hechos, la protección a las personas inocentes, procurando que los culpables no quedaran impunes y que los daños causados por los delitos cometidos fueran reparados”.
Con información El Uniersal.