La Ciudad de México enfrenta desde hace años un problema estructural de bienestar animal. Se calcula que alrededor de 1.2 millones de perros viven en situación de calle, expuestos al abandono, al maltrato y sin acceso a atención médica básica.
Ante este escenario, el gobierno capitalino anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para regular la operación de los albergues de animales, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los seres sintientes y fortalecer el modelo de ciudad animalista que impulsa la administración actual.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que la propuesta será presentada el miércoles 21 de enero y que fue construida mediante un proceso de diálogo y consulta con colectivos animalistas, responsables de refugios, legisladores y representantes de la sociedad civil. Aclaró que la intención no es afectar a los albergues, sino respaldarlos y ordenar su funcionamiento para asegurar el bienestar de los animales resguardados.
La iniciativa contempla seis ejes principales. El primero busca definir con claridad qué es un albergue y cómo se diferencia de otros espacios de resguardo, así como sus características físicas y operativas. El segundo propone la creación de un padrón oficial de refugios en la ciudad, con el fin de contar con un diagnóstico más preciso y mayor control. Otro eje establece lineamientos mínimos de bienestar animal, alineados con los cinco dominios de la Ley de Bienestar Animal, que incluyen nutrición, ambiente, salud, comportamiento natural y estado mental.
También se plantea delimitar las zonas donde es viable la instalación y operación de albergues, diseñar mecanismos de supervisión e inspección para verificar las condiciones reales en las que operan, y establecer rutas de apoyo gubernamental que permitan brindar acompañamiento y respaldo institucional a estos espacios.
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En este contexto, autoridades capitalinas informaron sobre el rescate de 936 animales del Refugio Franciscano A.C. El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, señaló que se respetarán los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, aunque advirtió que existen mensajes contradictorios entre algunos integrantes del refugio. Aclaró que, aun si hubiera resoluciones judiciales, los animales no regresarán al predio debido a que no existen condiciones adecuadas, aunque el gobierno revisará los protocolos de adopción.
La urgencia de esta regulación se refleja en las cifras oficiales. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial recibe alrededor de cuatro mil denuncias al año por maltrato animal, aunque activistas advierten que existe una cifra negra considerable. Además, rescatar a un animal puede implicar un costo que va de los dos mil a los 30 mil pesos, mientras que la falta de campañas permanentes de esterilización sigue siendo uno de los principales obstáculos para reducir la población de perros en situación de calle en la capital.
Con Información de and40
gvc