La Cámara de Diputados aprobó ayer, con mayoría oficialista de Morena, un amplio paquete de incrementos fiscales que impactará en productos de consumo popular, servicios migratorios y entradas a museos. Las modificaciones, que aún deben ser ratificadas por el Senado, entrarían en vigor a partir de 2026.
Uno de los cambios más relevantes es el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas, incluidas aquellas sin azúcar pero con edulcorantes, que tendrá un incremento del 87%. El ajuste también alcanzará a los sueros orales con aditivos, a menos que cumplan con la fórmula avalada por la OMS para las Sales de Rehidratación Oral. Con este incremento, las bebidas y sueros gravados pagarán 3.08 pesos adicionales por litro desde enero de 2026.
En materia migratoria, se estableció un cobro de 294 pesos por el formato de Salida de Menores al Extranjero (SAM), que hasta ahora era gratuito y permitía a niñas, niños y adolescentes viajar solos sin autorización notarial de sus padres. Asimismo, los permisos de residencia temporal tendrán un aumento de hasta 109%, llegando a los 25 mil pesos para los de cuatro años.
También se fijaron nuevas tarifas de acceso a recintos culturales e históricos. Por ejemplo, la entrada al Museo Nacional de Antropología o a la zona arqueológica de Palenque será de 209 pesos, mientras que visitar Chichén Itzá costará 104 pesos. El Fuerte de Guadalupe o el Museo Virreinal de Acolman tendrán un costo de 143 pesos, y el Museo del Carmen de 156 pesos.
En cuanto a productos nocivos, se aprobó que la tasa general del IEPS a tabacos labrados aumente de 160% a 200% en 2026, mientras que la cuota por cigarro pasará de 0.6445 a 0.8516 pesos. Además, se incrementará el impuesto a otros productos de nicotina. En el caso de los juegos con apuestas y sorteos, la tasa crecerá de 30 a 50%. Por otro lado, a partir de 2025 se aplicará un 8% de IEPS a videojuegos clasificados como violentos.
Las reformas, que obtuvieron 352 votos a favor y 133 en contra, también eliminaron la exención fiscal a personas físicas y morales por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Con ello, la mayoría oficialista busca, según sus argumentos, reflejar un costo real de los servicios, fortalecer las finanzas públicas y garantizar una mayor recaudación.
Con información de tiempo
bvp