En la Cámara de Diputados surgió una iniciativa que ha causado polémica: castigar con cárcel a quienes creen y difundan memes, stickers, audios o videos generados con inteligencia artificial que “ridiculicen” o dañen la reputación de una persona. La propuesta, presentada por el legislador de Morena Armando Corona Arvizu, busca —en el papel— combatir el ciberacoso y el uso malicioso de la tecnología, pero su redacción ambigua ha encendido las alertas sobre un posible intento de censura.
La iniciativa plantea añadir los artículos 211 Bis 8 y Bis 9 al Código Penal Federal. En ellos se establece que cualquier persona que manipule contenido digital con IA sin consentimiento, con el objetivo de ridiculizar, suplantar, acosar o dañar la reputación de otro, podría enfrentar entre tres y seis años de prisión y multas. Además, si la víctima es un servidor público, la pena aumentaría hasta la mitad. Esto implica que, desde un deepfake hasta un simple sticker satírico de WhatsApp, podrían ser considerados delitos.
Aunque el trasfondo del proyecto responde a un problema real —el ciberacoso afecta a casi 19 millones de personas en México, según el INEGI, y el uso malicioso de IA ha aumentado drásticamente—, organizaciones y especialistas advierten que su ambigüedad puede utilizarse para silenciar críticas legítimas. El texto no contempla excepciones para la sátira, la parodia o el humor político, lo que significa que caricaturas, cartones de prensa o memes podrían ser denunciados bajo el argumento de “ridiculización”.
El riesgo es claro: funcionarios con “piel delgada” podrían denunciar a ciudadanos, periodistas o caricaturistas simplemente por burlarse de ellos. Esto no solo afectaría la libertad de expresión, sino que podría generar un “efecto inhibidor” en el que las personas eviten hacer crítica política o contenido humorístico por miedo a la cárcel.
No es la primera vez que Morena impulsa propuestas similares. En Puebla, se promovió la llamada “Ley Censura” para sancionar insultos digitales, y en marzo, Ricardo Monreal propuso una “Ley Anti-Memes” que obligaba a etiquetar el contenido humorístico. Ambas iniciativas fueron duramente criticadas por organizaciones como Artículo 19 por representar un riesgo directo a la libertad de expresión.
Expertos coinciden en que regular el uso de la inteligencia artificial es urgente para frenar fraudes y suplantaciones, pero advierten que debe hacerse con criterios claros y respetando los derechos fundamentales. De lo contrario, la llamada “Ley Anti-Stickers” podría pasar a la historia no como una herramienta contra el ciberacoso, sino como un intento de blindar a la clase política contra la crítica ciudadana.
Con información de Eme Equis
bvp