El despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en California ha colocado a los demócratas en una posición políticamente complicada. Buscan condenar la acción sin entrar de lleno en el debate migratorio ni asociarse con las caóticas escenas que han emergido de Los Ángeles. Las protestas comenzaron tras redadas del ICE que desataron enfrentamientos, saqueos y destrucción, incluyendo incendios de autos autónomos. Aunque muchas manifestaciones han sido pacíficas, las imágenes violentas han dominado la cobertura mediática.
El senador John Fetterman advirtió que la destrucción no puede justificarse como protesta. Recordó las protestas por la justicia racial en 2020 y señaló que el silencio ante la violencia daña al propio partido. Otros demócratas comparten en privado esta preocupación y consideran necesario condenar con mayor contundencia el vandalismo, pues la oposición lo está usando en su contra.
El senador Bernie Sanders y otros legisladores, como Henry Cuellar y Mark Kelly, también se han pronunciado. Coinciden en condenar la violencia, pero acusan a Trump de avivar una situación ya explosiva con el uso inconstitucional de las fuerzas armadas contra civiles. La confusión aumenta porque, aunque las encuestas reflejan apoyo general a políticas migratorias estrictas, desaprueban el modo en que Trump las ejecuta.
En paralelo, Trump ha culpado directamente a los demócratas, en especial al gobernador Gavin Newsom y a la alcaldesa Karen Bass, por el caos en Los Ángeles. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, llegó incluso a sugerir la pena de muerte para Newsom por “obstruir la ley”. Trump también insinuó que su “zar de la frontera”, Tom Homan, debería arrestar al gobernador.
Newsom ha respondido al reto y se ha mantenido en comunicación con legisladores y la Guardia Nacional estatal, denunciando la injerencia federal. Mientras tanto, otros gobernadores demócratas se preguntan qué harían si Trump toma medidas similares en sus propios estados.
La Asociación de Gobernadores Demócratas calificó el uso del ejército como un “alarmante abuso de poder”, aunque sin abordar directamente la ejecución del plan de deportaciones. Insisten en que los gobernadores deben tener control sobre sus Guardias Nacionales y rechazan la intimidación federal. La crisis en Los Ángeles ha reactivado el debate sobre el límite del poder presidencial en seguridad interna, en un momento de alta tensión política y social en EE.UU.
Con información de CNN
bvp
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