La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió indefinidamente la implementación de la polémica ley de inmigración de Texas, la cual permite a las autoridades estatales arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado de manera ilegal al país.
La suspensión administrativa estará vigente mientras el alto tribunal evalúa las apelaciones de emergencia del Gobierno de Biden y otras partes, que piden a los jueces bloquear la implementación de la ley mientras se desarrollan sus impugnaciones. La orden de este lunes no incluye una fecha de vencimiento para la suspensión.
La orden provino del juez Samuel Alito porque es quien supervisa los asuntos que surgen del tribunal de apelaciones que actualmente evalúa el caso.
Esta es la tercera vez que la Corte Suprema le pone freno a la controversial ley, conocida como SB4. La primera vez fue el pasado 4 de marzo, cuando Alito anunció una suspensión temporal hasta el 13 de marzo. Luego, el 12 de marzo, el alto tribunal extendió dicha pausa.
Estas órdenes administrativas le proporcionan tiempo adicional a la corte para revisar la información del caso. Sin embargo, no indican necesariamente en qué dirección se inclina la corte con respecto a la solicitud de fondo.
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La ley SB4 la promulgó el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado. Inmediatamente generó preocupación entre los defensores de la inmigración por la posibilidad de un mayor perfilamiento racial, así como por detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.
En su solicitud ante la Corte Suprema, el Departamento de Justicia argumentó que la ley alteraría «profundamente» el «status quo que ha existido entre Estados Unidos y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años».
“Las personas pueden no estar de acuerdo con la inmigración. Nunca lo han estado. Y Texas puede estar profundamente preocupado por la inmigración reciente”, escribieron en documentos judiciales los abogados de un par de grupos de inmigración y del condado de El Paso. “Pero lo mismo ocurrió en California en la década de 1870, Pensilvania y Michigan en la década de 1930, y Arizona en 2012. Sin embargo, durante 150 años esta corte ha dejado claro que los estados no pueden regular el campo central de la inmigración, la entrada y la expulsión», añadieron.
Por su parte, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, y otros funcionarios dijeron a la Corte Suprema que “la Constitución reconoce que Texas tiene el derecho soberano de defenderse de los violentos cárteles transnacionales que inundan el estado con fentanilo, armas y todo tipo de brutalidad”.
Con información de CNN
bvp
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