Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos emitió un fallo histórico el martes, dictaminando que el expresidente Donald Trump no está inmune a ser procesado y puede enfrentar juicio por conspiración para anular las elecciones de 2020. La Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó la afirmación de Trump de que goza de inmunidad frente a acciones legales por actos cometidos durante su mandato en la Casa Blanca, argumentando que esta interpretación carece de respaldo legal.
El fallo representa un revés significativo para Trump, quien ha sido uno de los principales contendientes para la nominación presidencial republicana en 2024 y ha promovido activamente su figura en la política estadounidense. En su defensa, Trump afirmó en redes sociales que la inmunidad presidencial es esencial para el buen funcionamiento del país y que apelará la decisión para salvaguardar la institución presidencial y la Constitución.
El tribunal de apelaciones otorgó un plazo hasta el lunes para que Trump apele ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual podría decidir si acepta el caso o mantiene la decisión de la corte de apelaciones. Originalmente, Trump estaba programado para enfrentar juicio el 4 de marzo por la acusación de conspiración para anular los resultados electorales de 2020, que dieron la victoria al demócrata Joe Biden. Sin embargo, el proceso fue pospuesto a la espera de este fallo sobre la inmunidad presidencial.
La jueza de distrito Tanya Chutkan, quien supervisará el caso por interferencia electoral de Trump, ya había rechazado previamente la afirmación de inmunidad en diciembre, una decisión que fue respaldada por los tres jueces de apelación. Esto significa que Trump, en su calidad de ciudadano común, puede enfrentar las consecuencias legales de sus acciones pasadas como presidente.
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El expresidente enfrenta múltiples acusaciones en diversos estados por presunta interferencia en el proceso electoral, así como cargos en Florida por el manejo indebido de documentos clasificados al dejar su cargo en la Casa Blanca. Sus abogados han intentado retrasar el juicio hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre, mientras que el fiscal especial ha buscado mantener la fecha de inicio del juicio para marzo.
En sus alegatos ante el tribunal de apelaciones, los abogados de Trump argumentaron que un presidente solo puede ser procesado por acciones cometidas en el ejercicio de sus funciones si primero es acusado y condenado por el Congreso. Sin embargo, los jueces no estuvieron convencidos por esta interpretación y destacaron que la inmunidad presidencial no lo protege de enfrentar enjuiciamiento por sus actos fuera de sus funciones oficiales.
Este fallo representa un precedente legal significativo y marca un hito en la relación entre la presidencia y la responsabilidad legal de los mandatarios estadounidenses. La decisión final sobre el destino legal de Trump ahora reposa en manos de la Corte Suprema, cuya determinación tendrá repercusiones importantes en el futuro de la política y la justicia en Estados Unidos.
AR
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