Por Israel Navarro
Las imágenes son brutales: encapuchados irrumpiendo en canales de televisión, ejecuciones de guardias de prisión, delincuentes tirando bala, pánico entre la gente, y la incapacidad de las autoridades para retomar el orden público. Tristemente, eso es Ecuador hoy en día.
Pero esto es solo la punta del iceberg de una crisis social crónica que vive el país desde hace varios años y que se aceleró con la pandemia. Las protestas de octubre del 2019 a raíz de las medidas económicas impulsadas por el entonces presidente Lenin Moreno fueron la primera llamada, luego vino la crisis económica derivada del confinamiento del Covid-19, luego vino el presidente Lasso que unió al país, pero en su contra, y quien tuvo que enfrentar varias protestas por parte de grupos indígenas, hasta que la presión política lo obligó a decretar la Muerte Cruzada, y con ello se llevaron a cabo elecciones extraordinarias, en las que resultó ganador Daniel Noboa, quien se sacó la rifa del tigre.
Para mala fortuna del flamante Presidente, a los pocos días de asumir el gobierno, se le fuga de la cárcel Adolfo Macías, alias «Fito», líder de los Choneros. Vaya pifia, porque la cosa no paró ahí, empoderados los malandros, salieron a las calles a sembrar zozobra y a revelar lo que el pueblo ecuatoriano sabe claramente: el crimen organizado es quien manda en el país.
¿Cuál fue la reacción del gobierno? Decretar el estado de excepción por 60 días, y nombrar a una lista de 22 grupos delictivos, cuyos nombres suenan casi como listado de grupos participantes en festival de reggeaton, como organizaciones terroristas. Y además presentar una iniciativa para incrementar el Impuesto al Valor Agregado de 12 a 15% para recaudar dinero para combatirlos, y otra para darle amnistía a los policías y militares que maten a delincuentes.
Déjenme entender: Noboa llega a la presidencia bajo la promesa de reestablecer el orden social, se le fuga un capo, los malandros hacen fiesta, el gobierno encierra a los ciudadanos y les pide más dinero para hacer la tarea para la cual fue electo, y además les da a los policías una patente de corso para llevar a cabo ejecuciones sumarias. En resumen, el ciudadano está siendo violentado, tanto por la delincuencia, como por un gobierno que no le queda otra más que suprimir el Estado de derecho. Menuda situación.
Dicen los politólogos que el Estado, es el monopolio legitimo del uso de la fuerza para proteger a los ciudadanos. Pero cuando los ciudadanos tienen que salir a defenderse por sí mismos de alguien que tiene más fuerza que el gobierno, estamos hablando de un problema, no de seguridad pública, sino de seguridad nacional que se ha gestado por décadas, y que no se le ve fin. Esta es la triste realidad que hoy enfrenta el Ecuador.
Israel Navarro es Estratega Político del Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica. Twitter @navarroisrael
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