El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para que las personas sentenciadas por delitos de violencia o inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, no puedan ejercer un cargo en las dependencias públicas capitalinas.
El dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, derivó de la iniciativa presentada por la diputada morenista, Ana Francis López Bayghen, quien sentenció:
“Las personas servidoras públicas deben ejercer y defender los valores, derechos y garantías, así como cumplir las obligaciones que en la legislación mexicana se marcan; y conducirse en el marco de la legalidad en todos los aspectos de su vida, tanto pública como privada”
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género especificó que se establece también la prohibición para quien cuente con sentencia firme por delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, por violencia familiar y política, entre otros.
Las personas que encajen con los perfiles mencionados no podrán registrarse como candidatos para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrados para ningún empleo en el servicio público, incluyendo los cargos de los órganos desconcentrados de la Administración Pública, así como las unidades administrativas de las alcaldías.
La falta de pago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias es violencia económica y representa una violación a los derechos de la niñez, aseguró el dictamen, el cual también resaltó que más de 13.4 millones de mujeres mexicanas lo han padecido en algún momento de su vida.
En contraste, la legisladora declaró que un alto porcentaje de juicios en materia de pensiones alimentarias, son promovidos por mujeres, ya que los padres no cumplen con la obligación de proporcionar alimentos, manutención y desarrollo de sus hijas e hijos.
Lo aprobado por el Congreso capitalino señala que en 2021 fueron 6 mil 102 los expedientes ingresados en materia familiar en el tema alimenticio, por lo que reforma en la CDMX la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública y la Ley Orgánica de las Alcaldías.
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Con información del Proceso
JR
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