En una polémica decisión y dentro de un contexto bastante tenso, la Corte Suprema de Perú sentenció que las protestas sociales son identificadas como violentas e implican ataques a personas y a la propiedad pública y privada, por lo cual el manifestarse será considerado un delito en el país.
Esta propuesta fue impulsada para resolver el recurso interpuesto por cuatro personas que fueron condenadas en 2019 por el delito contra la seguridad pública al bloquear la carretera hacia la mina Las Bambas, en Apurímac, e impedir el paso de camiones que transportaban cobre.
Esto ocurre cerca de 6 meses después de que el expresidente, Pedro Castillo, fuera detenido y suplantado en el poder por la actual mandataria, Dina Boluarte, contra quien varios sectores de la sociedad peruana se han movilizado.
Los jueces de la Corte Suprema subrayan que no se requiere una efectiva afectación a otro derecho, sino que es suficiente que se configure la amenaza de violación de otro derecho para que ya se pueda hablar de un delito y el Estado tenga la potestad y obligación de reprimirlo.
Por si no lo viste:
De acuerdo a la sentencia, “admitir la existencia de un derecho a la protesta, en términos de reclamar o expresar, generalmente con vehemencia, la opinión, queja o disconformidad, llegando a la violencia que vulnera derechos ajenos, es un razonamiento inconstitucional e inconvencional”, indicó el tribunal.
Como tal, el solo acto de manifestarse públicamente ya se constituye en un acto ilícito de connotación penal y si, además, se ejerce poniendo en peligro otros derechos: circulación del transporte público, propiedad privada, la vida y, sobre todo, se afecta el sistema económico del país, ya es un delito con agravantes.
En respuesta a la resolución, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que la sentencia «viola los estándares internacionales de protección del derecho a la protesta al equiparar bloqueo de carreteras con violencia» y recordó que «la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas».
En ese mismo, la organización aseguró que organismos internacionales han «señalado en reiteradas ocasiones que, en una democracia, las vías públicas son un espacio para el ejercicio de la libertad de expresión, y no solo un espacio de tránsito».
Con información de teleSUR.
dmra
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