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Aproximadamente 20 mil tortillerías se ven obligadas a pagar extorsiones para poder laborar

Las tortillerías en México están siendo afectadas por la extorsión y el cobro de derechos de operación. Cerca de 20,000 establecimientos en todo el país se ven perjudicados por estos delitos, lo que influye en el costo de las tortillas para los consumidores. Según el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), entre el 14 y 15 por ciento de las más de 130,000 tortillerías en el país enfrentan extorsiones.

Homero López García, el presidente de esta organización, informó a El Sol de México que los negocios tienen la obligación de pagar de 2,500 a 3,500 pesos semanales a varios grupos delictivos para que les permitan operar. Este problema, que se ha agravado en los últimos seis años, repercute directamente en el precio de las tortillas en algunas regiones.

«Al menos un 15 por ciento del aumento en el precio de las tortillas se debe a los costos generados por las extorsiones en estos negocios», declaró López García. Durante la actual administración, el precio promedio mensual del kilo de tortilla a nivel nacional ha aumentado aproximadamente un 60 por ciento, lo que se traduce en más de 8.50 pesos adicionales, según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía.

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Este fenómeno también afecta a los productores agropecuarios en todo el país, ya que trasladan a los consumidores finales los costos de la extorsión y el cobro de derechos de operación a los que son sometidos. Félix Martínez Cabrera, vicepresidente de la Comisión de Seguridad del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), indicó que la inseguridad ha aumentado los precios de los productos para los consumidores en un 10 a 12 por ciento.

El presidente del CNT señaló que aunque este es un problema nacional, algunas entidades como Guerrero, Michoacán, el Estado de México y Veracruz sufren más este tipo de delitos. Además, explicó que la gente se ve obligada a adaptarse a las actividades de estos grupos delictivos debido a la necesidad de mantener sus negocios y alimentarse.

La delincuencia organizada no solo obliga a los tortilleros y productores de alimentos a pagar cuotas que se reflejan en los precios finales, sino que en ocasiones los obliga a abandonar sus lugares de trabajo. Según datos del CNT, aproximadamente el 3 por ciento de las tortillerías en el país han tenido que cerrar en los últimos años debido a esta situación. López García agregó que algunos grupos delictivos reaccionan con violencia, como bombas molotov o disparos, si no se les paga la cuota, una problemática que ha estado presente durante al menos 10 años y que ha llevado a muchas personas a huir de la situación.

Con información de El Sol de México

DVA

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