El penal de Puente Grande, en Jalisco, vuelve a estar en el centro de la polémica tras darse a conocer denuncias que apuntan a la existencia de un presunto autogobierno encabezado por un grupo identificado como «la plaza», el cual habría asumido el control de diversas actividades al interior del centro penitenciario.
De acuerdo con información publicada por el periódico Reforma y sustentada en testimonios de visitantes e internos, esta organización opera una estructura paralela a la autoridad penitenciaria, administra un mercado ilegal y establece reglas de convivencia entre la población privada de la libertad.
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Denuncian que el crimen organizado controla la vida dentro del penal
Según los testimonios recabados, presuntos integrantes del grupo criminal mantienen vigilancia constante sobre los internos e incluso supervisan las conversaciones que sostienen con sus familiares durante las visitas.
Una visitante aseguró que estas personas utilizan teléfonos celulares dentro del penal y permanecen atentos a todo lo que ocurre en las áreas comunes. Además, afirmó que personas ajenas al centro penitenciario ingresan para brindar protección a determinados reclusos o cumplir instrucciones del grupo que presuntamente domina el lugar.
Uno de los testimonios también señala que recientemente un interno denunció un homicidio ocurrido dentro de la prisión, el cual habría sido cometido por integrantes de esta misma organización.
La percepción de quienes acuden al penal quedó resumida en una frase que refleja el nivel de control que, presuntamente, existe en el lugar: «Ahí no manda la autoridad; mandan los de ‘la plaza'».
Cobran por visitas, celulares y hasta por bañarse
Las denuncias también describen un sistema de cobros ilegales por diversos servicios y privilegios al interior del penal.
De acuerdo con los testimonios, una visita conyugal tendría un costo aproximado de 2 mil pesos, mientras que la renta de un teléfono celular sin límite de tiempo alcanzaría los 15 mil pesos, un beneficio al que únicamente accederían internos con mayor poder económico o jerarquía.
El mercado clandestino también incluiría la venta de bebidas alcohólicas y alimentos. Una cerveza de tamaño caguama tendría un precio cercano a los 200 pesos, además de comercializarse productos como tejuino, chocolates, algodones de azúcar e hielitos.
Incluso, el acceso a servicios básicos de higiene estaría sujeto a pago, ya que algunos internos aseguran que deben entregar cinco pesos para utilizar las regaderas.
Un problema que va más allá de Jalisco
Especialistas advierten que este tipo de esquemas no serían exclusivos del penal de Puente Grande.
José Luis Mussi, experto con más de 40 años de experiencia en el sistema penitenciario mexicano, señaló que alrededor del 90 por ciento de las 261 cárceles estatales del país operan bajo algún tipo de cogobierno entre autoridades e internos.
El especialista atribuye esta problemática a diversos factores, entre ellos la corrupción, la falta de personal de custodia, la sobrepoblación en los centros penitenciarios y una deficiente clasificación de las personas privadas de la libertad.
También señaló que la designación de directores sin experiencia técnica, basada en decisiones políticas y no en perfiles especializados, ha contribuido al fortalecimiento de estas estructuras de poder dentro de las prisiones.
Persisten los retos en el sistema penitenciario
Las recientes denuncias sobre el penal de Puente Grande vuelven a poner sobre la mesa los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario mexicano en materia de seguridad, gobernabilidad y combate a la corrupción.
Mientras las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial sobre las acusaciones, especialistas consideran que erradicar las redes de corrupción y profesionalizar la administración penitenciaria será fundamental para evitar que estos esquemas de control ilegal continúen operando dentro de los centros de reclusión.
Con información de MVS Noticias.