Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presentaron al INE una solicitud para cancelar 26 candidaturas a cargos del Poder Judicial. El argumento central: varios aspirantes están bajo investigación o no cumplen con requisitos básicos como el promedio mínimo de licenciatura.
Según los documentos entregados, 18 de los candidatos no cumplen con la buena reputación exigida por la Constitución. Algunos enfrentan investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, otros han defendido o liberado a miembros del crimen organizado.
Seis de los aspirantes tienen carpetas de investigación por delitos graves como abuso sexual, peculado, delincuencia organizada y amenazas. Incluso hay quienes tienen órdenes de aprehensión activas o han sido defensores de integrantes del cártel de Sinaloa.
Otros doce aspirantes también fueron señalados por haber otorgado beneficios indebidos a presuntos narcotraficantes o personas acusadas de delitos como desaparición forzada, portación de armas y abuso sexual. La preocupación es que estos vínculos comprometen su idoneidad.
Además, ocho candidatos no cumplieron con el promedio mínimo de ocho en la licenciatura. Aun así, buscan convertirse en jueces de distrito, magistrados de circuito o miembros del TEPJF.
Los legisladores advirtieron que permitir el avance de estas candidaturas pone en riesgo la función jurisdiccional y podría derivar en graves conflictos de interés. Aseguran que la legitimidad del proceso electoral judicial está en juego.
Entre los casos mencionados está el del juez Noel Castro Melgar, investigado en 2016 por aceptar sobornos. También el de Karina Almada Rábago, quien liberó a Luis Cárdenas Palomino en 2024 por falta de pruebas en el caso Rápido y Furioso.
Otros casos polémicos incluyen a jueces que evitaron la extradición de Vicente Carrillo Fuentes y que liberaron anticipadamente a El Fantasma, ex operador de El Chapo. Estas decisiones alimentan las dudas sobre la neutralidad y compromiso del sistema judicial.
Con información de La Jornada
bvp
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