El Tribunal Superior de Londres dictaminó que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, tiene derecho a apelar en su último desafío contra la extradición a Estados Unidos. Esta decisión fue celebrada por sus seguidores quienes se manifestaron afuera del tribunal en la capital británica.
Durante la audiencia del lunes, el equipo legal de Assange sostuvo que las garantías ofrecidas por los fiscales estadounidenses no deberían ser aceptadas, ya que Assange podria enfrentar discriminación debido a su nacionalidad.
En un breve fallo, los jueces dijeron que las presentaciones de EE.UU. no eran suficientes, otorgando a Assange el permiso para apelar completamente en relación con la libertad de expresión y la nacionalidad. Y hasta el momento, no se ha fijado una fecha para la próxima audiencia.
Assange, de 52 años, es buscado por las autoridades estadounidenses por cargos de espionaje relacionados con la publicación de miles de documentos clasificados y cables diplomáticos por parte de WikiLeaks en 2010 y 2011. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua.
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En marzo, el tribunal de Londres pospuso su decisión sobre la extradición mientras se buscaban garantías de protección bajo la Primera Enmienda y la no aplicación de la pena de muerte. Los documentos presentados por los abogados del gobierno de EE.UU. aseguran que Assange no será juzgado por un delito punible con la pena de muerte.
Por su parte, el editor en jefe de WikiLeaks calificó el caso de su compañero como “corrupción institucional a nivel judicial”, afirmando que Assange es un preso político. Assange ha estado en prisión durante los últimos cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres, y antes de eso pasó casi siete años en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su arresto.
Él sostiene que su extradición tiene motivaciones políticas. Alan Rusbridger, editor de Prospect Magazine y exeditor en jefe de The Guardian, escribió en una columna para CNN que trabajar con Assange fue «a menudo un viaje difícil» pero que su colaboración fue «innovadora». Rusbridger sugirió que el caso de E.U parece un intento de castigar a los denunciantes y desalentar a los periodistas de investigar temas sensibles.
Con información de CNN.
AR
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