El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, ha otorgado una suspensión provisional a un grupo de vecinos afectados por el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Esta decisión obliga a las autoridades, incluyendo al jefe de Gobierno de Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la capital (Sacmex), la secretaría de Protección Civil, Pemex y la Agencia Nacional de Protección al Medio Ambiente (Asea), a garantizar el acceso y suministro de agua potable y salubre para uso humano a los afectados.
Entre las medidas cautelares solicitadas por los vecinos se encuentra el acceso garantizado al agua y la divulgación de información sobre los contaminantes presentes. Esto ocurre poco después de que Sacmex reservara durante tres años los resultados de los contaminantes en el suministro de las colonias afectadas y a menos de un mes de las elecciones del próximo 2 de junio, en las que se decidirá la Jefatura de Gobierno de la capital.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, grupos de vecinos realizaron análisis del agua en laboratorios autorizados, encontrando la presencia de sustancias tóxicas y cancerígenas como cloroformo, diclorobenceno y tricloroetileno. Los afectados denuncian que esto viola la normativa mexicana y normas internacionales sobre los límites de sustancias permitidos en el agua para consumo humano.
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La decisión del juez establece y obliga a las autoridades a proporcionar agua potable a través de una red hidráulica o, en dado caso de contaminación, a través de pipas. Además, deben garantizar que el agua suministrada sea potable y salubre, ya que la suspensión provisional se basa en una situación que viola los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud, el medio ambiente y al agua.
Si las autoridades no cumplen con lo dictado por el juez, podrían incurrir en un delito según la Ley de Amparo. Tras la suspensión provisional, los tribunales tienen 15 días para determinar si se otorga la suspensión definitiva, durante los cuales las partes involucradas presentarán sus pruebas.
Con información de El País.
AR
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