InicioEstados UnidosDEA amenaza con exhibir a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico

DEA amenaza con exhibir a políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico

Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), aseguró que la agencia mantendrá sus investigaciones sobre los vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos en México, al señalar que la corrupción contribuye al fortalecimiento de los cárteles.

A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó que la DEA continuará identificando a personas que presuntamente colaboran con grupos delictivos. También sostuvo que la agencia no modificará su estrategia para combatir estas redes y proteger a la población estadounidense.

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El pasado 14 de noviembre, Cole ya había advertido que la DEA y la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF) perseguirían a funcionarios y actores políticos señalados de proteger al narcotráfico. Sus declaraciones se produjeron después de que Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fuera sentenciado a 22 años y medio de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y armas.

La jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, emitió la sentencia luego de que Oseguera Cervantes se declarara culpable cuatro meses antes. La defensa había solicitado una condena de 20 años, mientras que la fiscalía pidió 30.

Funcionarios mexicanos señalados por autoridades de Estados Unidos

Las acciones del gobierno estadounidense contra presuntos vínculos entre políticos y el narcotráfico también incluyen acusaciones contra funcionarios mexicanos. En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas, presuntamente en colaboración con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los acusados habrían facilitado la distribución de drogas hacia Estados Unidos y proporcionado información confidencial de corporaciones de seguridad y del Ejército Mexicano a integrantes del grupo criminal, a cambio de sobornos.

Entre los señalados se encuentran el senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el exfiscal general adjunto, Dámaso Castro Zaavedra; el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; el exjefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Aviles, y el entonces alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

En septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 21 personas y 25 empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Entre las personas sancionadas se encuentran Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y Luis Alfonso Torres, hermano de este. Según las autoridades estadounidenses, ambos habrían recibido sobornos del grupo criminal y utilizado empresas y campañas políticas para blanquear recursos.

Las sanciones también alcanzaron a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, señalado de recibir presuntos sobornos de Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, para facilitar las operaciones del grupo criminal en la policía municipal.

Otro de los sancionados fue Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de aduanas en Chihuahua y exasesor legislativo del gobierno de Baja California. Las autoridades estadounidenses lo señalaron de utilizar su influencia política para favorecer las actividades de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, a cambio de sobornos.

Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump contra los cárteles, que incluye presiones a México para reforzar el combate al crimen organizado, así como acusaciones y sanciones contra presuntos integrantes de estas organizaciones y funcionarios señalados de colaborar con ellas.

 

Con información de Infobae

MM

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