El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llegó este lunes 28 de septiembre a su domicilio en Ensenada, luego de permanecer 72 días en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, por el proceso que enfrenta por presuntos delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos.
Ruffo fue trasladado desde el Estado de México en un recorrido terrestre de alrededor de 40 horas y llegó a su vivienda, donde fue recibido por familiares, amigos, vecinos y representantes de medios de comunicación. El traslado estuvo a cargo de autoridades federales y se realizó bajo custodia.
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El regreso a Ensenada ocurrió después de que el 25 de septiembre una jueza federal modificara la medida cautelar que mantenía al exgobernador en el penal de máxima seguridad. Con la resolución, Ruffo continuará el proceso bajo prisión preventiva domiciliaria. La medida no representa una absolución ni implica el cierre de la causa penal.
Entre las condiciones impuestas se encuentra la permanencia en el domicilio autorizado y la vigilancia correspondiente. Además, Ruffo tiene prohibido salir del país y debe entregar su pasaporte y visa. En caso de una emergencia médica, podrá salir temporalmente de la vivienda para recibir atención bajo custodia.
También tiene restricciones para acudir a instalaciones de la empresa relacionada con la investigación y para mantener contacto con otros imputados del caso.
¿Por qué fue detenido Ruffo?
Ernesto Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada por una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con la empresa Ingemar, de la que es accionista mayoritario. La FGR lo acusa de presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y de delitos relacionados con delincuencia organizada.
De acuerdo con la acusación, el esquema habría utilizado distintas empresas para introducir combustible procedente de Estados Unidos a México mediante transporte ferroviario. La Fiscalía sostiene que en este mecanismo ingresaron 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel distribuidos en 163 carrotanques.
La investigación señala que los volúmenes declarados ante las autoridades aduaneras habrían sido menores a los realmente transportados, lo que presuntamente permitió evadir contribuciones y controles relacionados con la importación de hidrocarburos.
El expediente también incluye operaciones financieras atribuidas a Ingemar. Según información de la FGR citada en reportes sobre el caso, entre junio de 2024 y julio de 2025 la empresa realizó transferencias nacionales e internacionales por 3 mil 75 millones 560 mil pesos, movimientos que la Fiscalía relaciona con recursos provenientes del presunto contrabando de combustible.
Ruffo ha rechazado las acusaciones y su defensa ha sostenido que el exgobernador desconocía cualquier actividad ilícita relacionada con la empresa.
Por ahora, el proceso penal continúa y las acusaciones de la Fiscalía deberán ser acreditadas ante las autoridades judiciales. El cambio de prisión preventiva en un penal federal a prisión domiciliaria modificó el lugar y las condiciones de la medida cautelar, pero no resolvió la responsabilidad penal de Ruffo.
Con información de Excelsior
MM