La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que Edgar Francisco Franco Ríos, abogado y responsable del despacho jurídico Punto Legal, fue condenado a más de mil 18 años de prisión por cometer un fraude inmobiliario que dejó sin patrimonio a 107 familias de León.
Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá reparar el daño económico y moral causado a las víctimas mediante el pago de casi 30 millones de pesos, luego de que un tribunal acreditó su responsabilidad por el delito de fraude.
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Engañó a decenas de familias con supuestos remates bancarios
De acuerdo con la investigación, Edgar Francisco Franco ofrecía viviendas bajo el esquema de presuntos remates bancarios, asegurando a los compradores que podían adquirir inmuebles a precios muy por debajo de su valor comercial.
Sin embargo, el Ministerio Público comprobó que las propiedades no estaban disponibles para su venta, ni formaban parte de procedimientos judiciales o bancarios que permitieran su comercialización.
La Fiscalía sostuvo que el abogado utilizó diversos mecanismos para engañar de manera reiterada a las víctimas, quienes entregaron importantes cantidades de dinero creyendo que adquirirían una vivienda.
Dos sentencias que suman más de mil años de prisión
El responsable recibió dos sentencias condenatorias derivadas de distintos procesos judiciales.
La primera fue de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda ascendió a 580 años, acumulando una condena total de mil 18 años y cuatro meses de cárcel.
Aunque la legislación penal de Guanajuato establece un máximo de 80 años de prisión efectiva, la Fiscalía explicó que la importancia de esta resolución radica en el reconocimiento del daño ocasionado a cada una de las víctimas y en la obligación del sentenciado de devolver los recursos obtenidos de manera ilícita.
También deberá indemnizar a las víctimas
Además de la condena penal, el juez ordenó que Edgar Francisco Franco Ríos pague 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material.
A ello se suman 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados a las personas afectadas.
La Fiscalía de Guanajuato señaló que dará seguimiento al cumplimiento de esta resolución para garantizar que las víctimas reciban la reparación del daño.
La Fiscalía calificó el fallo como un precedente
Las autoridades estatales consideraron la resolución como una «sentencia histórica», al destacar que representa un acto de justicia para las 107 familias que perdieron el patrimonio que habían construido durante años.
El fallo fue emitido por el tribunal de enjuiciamiento los días 26 y 30 de junio, luego de que el Ministerio Público acreditó el impacto económico y emocional que el fraude provocó en cada uno de los afectados.
Con información de La Jornada.
AS.