La oposición a la construcción de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, ubicada en Topolobampo, Sinaloa, ha cobrado nueva fuerza en los últimos días, luego de que comunidades indígenas, pescadores y organizaciones ambientalistas reactivaran las protestas para intentar frenar un proyecto que consideran una amenaza para uno de los ecosistemas más importantes del noroeste de México.
Integrantes del colectivo ambientalista Aquí No aseguran que la obra representa el inicio de un proceso de industrialización que podría provocar graves consecuencias ecológicas y sociales en la región.
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Filiberto Varela, integrante de la organización, afirmó que las comunidades continuarán con la defensa del territorio pese a los avances que registra la construcción de la planta.
«Estamos viviendo una lucha histórica. Parece imposible, pero estamos dispuestos a defender nuestro territorio hasta las últimas consecuencias», señaló.
La defensa de la Bahía de Ohuira
La planta pertenece a Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresa vinculada a la firma suizo-alemana Proman AG. El proyecto cuenta además con financiamiento del Banco de Crédito para la Reconstrucción de Alemania (KfW).
Durante más de una década, habitantes de las comunidades Yoreme-Mayo han encabezado acciones legales y movilizaciones para impedir la construcción de la planta, argumentando que pondría en riesgo su entorno, sus actividades económicas y su patrimonio cultural.
Tras la llegada reciente de equipos industriales de gran tamaño destinados a la obra, decenas de habitantes instalaron nuevamente un plantón permanente para impedir el desembarque de más maquinaria en la zona.
Para los opositores, la planta es solo una parte de un proyecto industrial mucho más amplio que transformaría de manera irreversible la región costera.
El impacto ambiental que preocupa a especialistas y activistas
Uno de los principales argumentos de los colectivos es el posible impacto ambiental derivado de la operación de la planta.
De acuerdo con información difundida por el colectivo Aquí No, la instalación produciría alrededor de 2 mil 200 toneladas de amoniaco al día, utilizando agua marina en sus procesos industriales.
Los activistas advierten que esto implicaría la descarga de aproximadamente 2 mil metros cúbicos de agua caliente por hora en la Bahía de Ohuira, lo que podría elevar la temperatura del ecosistema y alterar el equilibrio natural de especies que habitan la zona.
La bahía forma parte del sistema lagunar Topolobampo-Ohuira-Santa María, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su importancia ecológica.
Según los opositores, especies como delfines, tortugas marinas, tiburones, ballenas y diversas aves podrían verse afectadas por los cambios en las condiciones ambientales del área.
Entre los símbolos de esta lucha destaca «Pechocho», un conocido delfín nariz de botella que habita en la bahía y que se ha convertido en emblema de la defensa ambiental impulsada por las comunidades locales.
Riesgos para pescadores y comunidades indígenas
Además del impacto ecológico, las organizaciones sostienen que miles de familias podrían resultar afectadas económicamente.
Los pescadores de la región dependen directamente de la riqueza marina de la bahía para su sustento, por lo que una disminución en las poblaciones de peces y otras especies tendría consecuencias directas sobre sus ingresos.
Las comunidades Yoreme-Mayo también han advertido sobre posibles afectaciones a sus formas tradicionales de vida, basadas en actividades como la pesca, la agricultura y el turismo comunitario.
Los opositores consideran que una degradación ambiental significativa podría provocar desplazamientos de población y la pérdida gradual de prácticas culturales transmitidas durante generaciones.
Un proyecto marcado por disputas legales
La planta cuenta con autorizaciones ambientales otorgadas originalmente en 2014 y ampliadas en 2018.
Ese mismo año, organizaciones civiles lograron obtener una suspensión judicial temporal al argumentar que las comunidades indígenas no habían sido consultadas adecuadamente sobre el proyecto.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la realización de consultas públicas para determinar la viabilidad de la obra.
Sin embargo, los resultados continúan siendo motivo de controversia. Mientras algunas comunidades respaldaron el proyecto, otras, particularmente las asentadas en las inmediaciones de la Bahía de Ohuira, expresaron su rechazo.
Los activistas sostienen que durante el proceso no se explicaron con claridad los posibles impactos ambientales y sociales que implicaría la operación de la planta.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha señalado que las autorizaciones continúan vigentes y que el proyecto permanece bajo supervisión ambiental permanente por parte de las autoridades federales.
La postura de la empresa
Proman AG defiende la construcción de la planta argumentando que ayudará a reducir la dependencia de México de las importaciones de amoniaco, un insumo fundamental para la fabricación de fertilizantes utilizados por el sector agrícola.
La empresa asegura que actualmente el país importa cerca del 80 por ciento del amoniaco que consume y sostiene que la nueva instalación permitirá fortalecer la producción nacional de fertilizantes.
Además, afirma que el proyecto operará bajo estándares ambientales y de seguridad que buscan minimizar los impactos en la región y generar beneficios económicos para las comunidades locales.
Más de un millón de firmas contra la obra
Mientras el debate continúa, la oposición ha logrado trasladar su causa al ámbito digital.
Dos campañas impulsadas en la plataforma Change.org han reunido más de un millón 300 mil firmas en contra de la planta de amoniaco, convirtiéndose en una de las movilizaciones ambientales más visibles de los últimos años en México.
Las protestas también se han extendido a distintas ciudades del país y a la Ciudad de México, donde activistas han realizado manifestaciones para exigir la cancelación definitiva del proyecto y solicitar al gobierno alemán que retire el financiamiento destinado a la obra.
Con el avance de la construcción y la permanencia de los bloqueos en la Bahía de Ohuira, el conflicto sigue escalando y mantiene divididas a comunidades, autoridades y empresas sobre el futuro de uno de los proyectos industriales más polémicos del país.
Con información de Aristegui Noticias
AS.