La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra una decena de políticos mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, señalando que, si no existen pruebas claras, dichas imputaciones tendrían un carácter político.
Durante su conferencia, la mandataria subrayó que su gobierno no protegerá a ninguna persona en caso de que existan elementos probatorios suficientes; sin embargo, advirtió que tampoco permitirá injerencias extranjeras en asuntos que corresponden a la soberanía nacional. En ese sentido, enfatizó que será la Fiscalía General de la República la encargada de analizar la información y determinar si procede alguna acción legal conforme a la legislación mexicana.
Sheinbaum destacó que la solicitud de Estados Unidos incluye peticiones de detención provisional con fines de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos figuras en funciones como un gobernador, un senador y un presidente municipal. Calificó este hecho como inédito, al tratarse de funcionarios activos, lo que, dijo, no tiene precedentes en la relación bilateral.
La presidenta también cuestionó los elementos presentados por el Departamento de Justicia estadounidense, señalando que, hasta ahora, uno de los materiales difundidos consiste en imágenes de presuntos pagos escritos a mano, lo que, a su juicio, debe ser analizado a fondo por las autoridades mexicanas antes de tomar cualquier decisión.
Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que revisará la documentación recibida para determinar si existen pruebas suficientes que permitan solicitar órdenes de aprehensión o proceder con las solicitudes de extradición. Paralelamente, iniciará una investigación para esclarecer si las acusaciones cuentan con sustento legal.
Finalmente, la presidenta reiteró que su postura se basa en la defensa de la soberanía, la legalidad y la justicia. Afirmó que México mantendrá una relación de igualdad con otros países, sin aceptar subordinación, y que cualquier decisión se tomará conforme a las leyes nacionales y con base en pruebas contundentes.
Con información de La Jornada
bvp