El gobierno de México rechazó el informe emitido por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que omite los avances institucionales implementados en el país desde 2018 para atender este problema. A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores calificaron el documento como “tendencioso”.
Las dependencias señalaron que el informe no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones entregadas por el propio Estado mexicano, las cuales —afirman— evidencian que las conclusiones del comité no coinciden con la definición de desaparición forzada ni con la situación actual del país. También subrayaron que en los últimos años se han impulsado cambios estructurales para combatir este delito.
El gobierno sostuvo que el mecanismo utilizado por el comité internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones son sistemáticas y promovidas por agentes del Estado, además de existir una negativa a investigar. En ese sentido, aseguró que dicho escenario no corresponde a la realidad actual de México.
Asimismo, reiteró que la administración federal no tolera ni permite desapariciones forzadas, y destacó que bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han impulsado reformas legales e institucionales en coordinación con colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Las autoridades también indicaron que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y en casos localizados en cuatro estados del país. Por ello, consideraron que el documento presenta una visión parcial al no incluir información más reciente.
Finalmente, el gobierno lamentó que el comité haya decidido no analizar la información actualizada que fue entregada antes de la publicación del informe, lo que, a su juicio, afecta la objetividad de sus conclusiones.
Con información de El Heraldo
bvp