El gobierno de Estados Unidos presentó cargos formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con el narcotráfico, en un caso que marca una escalada en la estrategia estadounidense contra el crimen organizado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa —particularmente con la facción de “Los Chapitos”— para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas. A cambio, habrían recibido sobornos millonarios y respaldo político.
La acusación también sostiene que algunos funcionarios utilizaron sus cargos para proteger las operaciones del grupo criminal, interferir en procesos institucionales e incluso permitir actos de violencia y control territorial.
Entre los implicados se encuentran el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y diversos exfuncionarios de seguridad y finanzas estatales, todos señalados por delitos como conspiración para el tráfico de narcóticos, así como posesión y uso de armas de alto poder. Las penas contempladas van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua en caso de ser encontrados culpables.
El caso representa un cambio relevante en la política antidrogas de Estados Unidos, al enfocar sus acciones no solo en líderes criminales, sino también en funcionarios públicos de alto nivel presuntamente vinculados a estas redes.
En respuesta, el gobierno mexicano informó que recibió solicitudes de extradición, aunque señaló que no se han presentado pruebas suficientes que sustenten las acusaciones. Por su parte, Rocha Moya rechazó los señalamientos y los calificó como infundados y con motivaciones políticas, postura que también han respaldado otros implicados.
Este episodio podría tensar aún más la relación bilateral entre México y Estados Unidos, particularmente en materia de seguridad y combate al narcotráfico, en un contexto donde Washington ha intensificado la presión para combatir la corrupción vinculada al crimen organizado.