Diversos colectivos civiles y defensores del medio ambiente señalaron que el derrame de petróleo que hoy impacta al Golfo de México pudo haber comenzado entre el 11 y el 17 de febrero. También denunciaron que las autoridades mexicanas actuaron con poca transparencia, ya que no informaron oportunamente sobre el incidente ni respondieron de forma eficaz para frenar la contingencia.
En un comunicado fechado el miércoles 25 de marzo, las organizaciones denunciaron que existió conocimiento previo del caso, una respuesta deficiente para contenerlo y falta de claridad por parte de las instancias oficiales. Según su revisión de imágenes satelitales, el derrame tendría su origen en una embarcación ubicada cerca de la plataforma Abkatún y habría alcanzado un área de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados.
El informe agrega que entre el 6 y el 10 de febrero se detectó una embarcación en la zona donde presuntamente inició la liberación de aceites o crudo en volúmenes reducidos, pero fue a partir del 11 de febrero cuando la fuga se habría intensificado.
Para el 13 de febrero, el informe indica que “al menos cinco embarcaciones adicionales realizaban labores de contención”, lo cual, según las organizaciones, confirma que “las autoridades tenían conocimiento temprano” del siniestro.
El texto subraya que estas acciones resultaron “insuficientes ante la magnitud del incidente”.
Las organizaciones denunciantes, entre las que se encuentran Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y CartoCrítica, sostienen que el manejo del derrame ignoró los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia (PNC) vigente desde 2023.
“Ninguna alerta pública fue emitida, impidiendo a las comunidades costeras tomar medidas preventivas”, afirman.
Añaden que debido a la dispersión provocada por corrientes marinas y condiciones meteorológicas, los residuos habrían llegado a las costas de Tabasco y Veracruz de forma “gradual, dispersa y sostenida durante las últimas tres semanas”.
Ante esta situación, los firmantes exigen a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que expliquen por qué no se activó el Nivel 3 de respuesta y que identifiquen a la empresa responsable, bajo el principio de que “el que contamina paga”.
Finalmente, el pronunciamiento reitera la “urgente necesidad de avanzar hacia una transición energética justa” para evitar la repetición de estos desastres, argumentando que los planes de extracción en aguas profundas son una “garantía de que se repitan sucesos como este”.
El comunicado es firmado por:
Alianza Mexicana Contra el Fracking
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT
Barrio Mapache
Bcsicletos A.C.
CartoCrítica, A.C.
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño AC
Centro Latinoamericano de Gestión Ambiental (La Mano del Mono)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, A.C.
Colectivo Altepee
Colectivo Kontrapatria
Comité Sonora x Palestina
Conexiones Climáticas
CORASON Defensa del Territorio
Defensa Verde Sonora
Equal Routes
Engenera A.C.
Espacio DESCA
Frente Yaqui Descentralizador
Geocomunes
Greenpeace México, A.C.
La Boca Nostra
Leave it in the Ground Initiative (LINGO)
Nuestro Futuro A.C.
Nuestro Futuro Nuestra Energía
Nuestros Mares A.C.
MAREA, A.C. – Mar y Educación Ambiental
Organización Familia Pasta de Conchos
Pan y Rosas Sonora
Planeteando
Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta
Proletkult
RG – Asesoría Legal
Sedepac Huasteca A.C.
Sembrando semilla sagrada A.C.
Territorios Diversos Para la Vida A.C. (TerraVida)
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec UCIZONI
Wildlands Network Programa México.
Con información Aristegu.