Recientemente, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron en sus manos una decisión que sumó mucho a la reflexión sobre la diferencia entre la austeridad republicana y la pobreza franciscana. El discurso oficialista costó mucho más a las y los ministros que unas camionetas blindadas.
Los medios de comunicación y la opinocracia de las redes sociales normalmente miden con diferente vara los gastos y modos de vida que se dan personajes de la política nacional. Si una ministra de la nueva corte viaja en clase ejecutiva a Costa Rica, es un error de juicio, pero si un expresidente o un senador del Partido Acción Nacional compra el mismo nivel de vuelo para ir a Europa, es un hecho sin novedad.
Esta doble mirada sucede de ambos lados del espectro político nacional; desde Morena se suele señalar, criticar y exigir transparencia a los gastos que hacen: gobernadoras del PAN, a los vehículos que usaba la vieja SCJN y a los restaurantes en los que capturaron a exdirectores PRIistas de PEMEX.
Y el problema no es la hipocresía que tienen los partidos políticos para ver la paja en el ojo ajeno, sino lo que construyen con ello en la “cultura” política nacional, en el imaginario colectivo y en la despolitizada imagen que tiene la mayoría del electorado sobre la función pública y sobre las responsabilidades de las personas funcionarías.
El origen de la retórica.
En 2018, la tercera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador ya tenía popularizada su imagen de hombre de pocos recursos. Aquel líder moral de la izquierda mexicana sembró hondo y profundo la lección de que el primer mandatario podía vivir con un billete de 200 pesos en la cartera, transportarse en un Chevi blanco y recorrer el país sin Estado Mayor Presidencial.
Con la imposición de esa figura política, el primer gobierno de la 4T empezó a mezclar y a confundir dos conceptos: la política pública de la austeridad republicana y el carácter personal de la pobreza franciscana.
El presidente AMLO es un hombre que puede vivir con ropa que no sea de marca, con vehículos que no necesitan estar blindados, sin joyas ni artículos de tiendas exclusivas a la vista. Mientras tanto, el país se amarró los bolsillos para cortar prácticas y beneficio laborales que habían desangrado por mucho tiempo al erario (del cual no hay que redundar diciendo que es dinero público, pues eso significa).
Las y los servidores públicos hemanados de Morena y del PT malentendieron el mensaje gracias a las lecciones de moralidad con que el presidente sermoneaba desde las mañaneras: la categoría de “fifí” con que AMLO despreciaba algunas actitudes de las clases altas dio la señal errónea de que una persona servidora pública, aun con su dinero, no tenía por qué vivir con ciertos lujos.
La Austeridad Republicana
La gente que vivió la transición y la llegada al poder de la 4T constatará que muchos beneficios del sector público se terminaron para los escalafones más bajos del Legislativo y del Ejecutivo. Los desayunos, los autos por comisiones, los viáticos, los seguros de gastos médicos mayores, las bolsas de ahorro e inclusive la generación de antigüedad fueron remplazados por la multiplicación de los trabajos por honorarios.
Esas “prestaciones” son cosas que no necesariamente sumaban al desarrollo nacional y que la mayoría de la clase baja y media que paga impuestos, por supuesto que no extrañan para su servicio público. Pero la austeridad también llegó a la falta de recursos administrativos, al despido de personal y a la falta de comprensión de que algunos dispendios de recursos no son más que inversiones que sí le sirven al país.
La flaqueza del nuevo poder judicial.
A los pocos días de la toma de protesta de la nueva mitad del poder judicial federal, diversos portales de noticias empezaron una campaña mediática contra el Ministro Presidente Hugo Aguilar que deja la duda de si es por ser afín a Morena, por su contraste con la vieja Corte o por su origen étnico.
Canales como Latinus criticaron que la recién creada ponencia del ministro presidente tuviera algo más de 90 plazas, a lo que el abogado oaxaqueño se comprometió a que en los próximos meses reduciría en un 40% ese número.
La falta de experiencia en el encargo y en la sobreexposición mediática que esa figura genera en la opinión pública lo ha llevado a tomar decisiones basadas en encuestas de opinión que toman de referencia las reacciones del público en redes sociales a las notas tendenciosas de crítica mediática.
Conservar esas 90 plazas no era un error; al contrario, Hugo Aguilar debió salir a aclararle al país que, como él, ninguna presidencia de la SCJN había tenido el encargo de resolver y presentar proyectos al Pleno al igual que sus 8 compañeras y compañeros ministros. Que el trabajo profesional de la X cantidad de personas secretarias de estudio y cuenta con que contaba no podía verse incrementado en exceso porque los comentarios de Facebook le insultaban por tener aparentemente muchos colaboradores.
Piénsenlo, si ustedes fueran un pinche de un gran restaurante y el dueño es criticado por tener una gran planta laboral y en consecuencia decide despedir al 40% de sus personas compañeras, lo que ocurriría con usted en caso de que no le despidan es que cargaría con ese 40% más de trabajo que dejó el despido masivo generado por gente que nunca ha sabido qué es lo que hace un pinche y qué tan cansada es su jornada de trabajo.
Lo mismo sucedió con la adquisición de camionetas blindadas. Es lógico que servidores públicos de la talla de los y las 9 ministras necesiten seguridad; se llama “razón de Estado”. Y aunque ahora no lo abordaremos, es el peso que tiene la gobernabilidad de un país sobre personajes o políticas públicas que no pueden verse modificadas por las opiniones de un público tan difuso como el de las redes sociales.
Entiendo por qué el presidente AMLO ya no usa el celular en su retiro; lo mismo debería aplicar el ministro presidente para dejar de girar el volante al viento que le marcan el odio y el amor proveniente de sus comentarios en línea.
Si las y los ministros quieren permanecer en la tierra de nadie que es la política, deben aprender a confiar en sus decisiones, a justificarlas con datos duros y a enseñarle a la opinocracia ignorante que, desde su punto de vista, a veces el gasto de dinero público es una inversión que vale la pena defender.
Tampoco queremos verles viajar a España con boletos comprados con el dinero del Congreso local, pero si tienen que enseñarnos por qué necesitan 20 personas expertas como secretarias de estudio, un vehículo seguro, no atorarse en el tráfico o equipos de cómputo decente en sus oficinas, el carácter de sus personas deberá superar su vulnerabilidad y deseo de ser iguales al líder tabasqueño en retiro.
Por Javier Esperanza