El sistema ferroviario español registró dos nuevos accidentes en Cataluña, ambos por descarrilamiento en la red de trenes de corta distancia conocida como Rodalies, apenas dos días después del trágico choque de trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, que dejó un saldo provisional de 42 personas fallecidas y 37 heridas graves.
En el primer siniestro, ocurrido en el municipio de Gelida, en la provincia de Barcelona, un muro de contención colapsó y provocó que el tren saliera de la vía. El accidente causó la muerte del maquinista y dejó 15 pasajeros con heridas leves, según informaron las autoridades. El segundo descarrilamiento se registró en Blanes, también en Cataluña, donde la presencia de piedras sobre la vía habría provocado la salida del tren, sin que se reportaran víctimas mortales. Ambos casos se encuentran bajo investigación.
Estos incidentes han intensificado la preocupación pública sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en España, un sistema que durante años fue considerado uno de los mayores orgullos del país, junto con su red de salud pública. Sin embargo, en los últimos años se han acumulado quejas por fallos en las vías, problemas técnicos y retrasos cada vez más frecuentes y prolongados, situaciones que antes eran excepcionales.
La inquietud creció aún más tras conocerse que el accidente de Adamuz podría haber tenido su origen en un fallo estructural de la vía, específicamente en la rotura de una soldadura, lo que habría provocado el descarrilamiento de tres vagones de uno de los trenes, que posteriormente impactaron de frente contra el otro convoy. En ambos trenes viajaban alrededor de 500 personas.
En respuesta a esta crisis, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) anunció una medida inédita: limitar la velocidad máxima a 160 kilómetros por hora en un tramo de más de 150 kilómetros entre Madrid y Barcelona. La decisión busca reducir riesgos mientras se evalúa el estado de las vías, especialmente en zonas donde previamente se habían reportado anomalías.
Esta restricción ha incrementado las dudas sobre la seguridad del sistema ferroviario, por lo que las autoridades anunciaron la revisión de los protocolos de seguridad y la recuperación de las advertencias emitidas por los propios maquinistas. Estos trabajadores habían denunciado en repetidas ocasiones fuertes vibraciones en ciertos tramos, alertas que incluso llegaron a ser planteadas ante el Congreso de los Diputados.
Pese a la presión pública, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reiteró que aún no es momento de establecer conclusiones. Señaló que hablar de las causas de los accidentes sin los peritajes técnicos concluidos sería especulativo y aseguró que ninguna hipótesis sólida ha sido confirmada hasta ahora por los especialistas.
Con información de La Jornada
bvp