Antes de abril de 2021, Alonso Ancira Elizondo había llegado a un acuerdo reparatorio con Pemex para pagar 216 millones de dólares por la venta de la planta de Agronitrogenados, acuerdo que pretendía resolver las acusaciones en su contra. Sin embargo, ese acuerdo no prosperó como se esperaba.
A pesar de que aún faltaba por pagar más de la mitad del monto acordado, Ancira solicitó la cancelación del convenio que lo liberó en 2021. Argumenta que la acusación en su contra es producto de un «montaje» orquestado por Pemex, relacionado con un presunto daño que él niega haber causado.
A través de escritos presentados por su apoderado legal, Gabriel Reyes Orona, dirigidos al juez encargado del caso en el Reclusorio Norte, Ancira sostiene que Proagroindustria, la empresa que compró la planta en 2013, no era en ese entonces una entidad pública ni una subsidiaria de Pemex. Asimismo, afirma que el pago que recibió por la planta no provino de recursos públicos ni de Pemex, y que el financista detrás de la operación permanece oculto.
De acuerdo con el diario Reforma, en enero de 2024, cuando Ancira dejó de cumplir con los pagos, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez girar una orden de reaprehensión por incumplimiento. Sin embargo, el juez no emitió la orden porque Pemex se opuso a la solicitud en audiencia, y se otorgó una prórroga para que Ancira cumpliera con sus pagos, plazo que terminó en noviembre de 2024.
Al vencerse ese nuevo plazo, Ancira no realizó el pago correspondiente, pero esta vez las autoridades no solicitaron su recaptura. Cabe mencionar que Ancira es ciudadano estadounidense y reside en San Antonio, Texas.
Con información de Tiempo
bvp