Los señalamientos en contra de candidatos al Poder Judicial por vínculos con el narcotráfico representan una nueva amenaza en la relación de México con Estados Unidos. Al estar ligados a organizaciones delictivas consideradas como terroristas por el expresidente Donald Trump, todas las personas que participaron o tuvieron conocimiento de estos aspirantes podrían enfrentar responsabilidades legales ante el gobierno estadounidense.
Así lo advirtió la organización civil Defensorxs, que anunció que presentará pruebas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar la cancelación de las candidaturas de jueces y magistrados que, según sus investigaciones, están vinculados con el crimen organizado.
Roberto Gil Zuarth, exaspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que Defensorxs tiene documentados doce casos de candidatos con carpetas de investigación abiertas. Por esta razón, pidió cancelar, por lo menos, la elección de los 881 jueces penales que estarán en disputa en julio de 2025.
La organización sostiene que si el Senado, en voz de su presidente Gerardo Fernández Noroña, reconoce que impugnará a candidatos por tener vínculos con el narco, entonces acepta que sabía que no todos los perfiles pasaron por filtros confiables. Si tenía conocimiento, debió haber actuado para impedir que se concretara el riesgo.
Gil explicó que, bajo la legislación de EE.UU., la única forma de que estos actores políticos no sean considerados cómplices de terrorismo sería demostrar buena fe, lo que difícilmente se logrará si no tomaron medidas preventivas.
Según Defensorxs, el INE abrió un periodo para presentar pruebas contra los candidatos señalados. La organización asegura tener once candidaturas de alto riesgo y otras dos con menor grado de peligrosidad, pero estima que la cifra aumentará.
Entre los aspirantes señalados se encuentran Jesús Humberto Padilla Briones, postulado a juez de Distrito Penal en Nuevo León, quien fue sentenciado por portación de armas y narcóticos; y Fernando Escamilla Villarreal, también postulado en Nuevo León, quien ha sido condenado por portación de armas y ha defendido a líderes del narcotráfico.
También figuran Edgar Agustín Rodríguez Beiza, candidato a magistrado en Jalisco con denuncias por abuso y acoso sexual; y Francisco Martín Hernández Zaragoza, con acusaciones de corrupción, lavado de dinero y violencia sexual.
Gil Zuarth advirtió que el gobierno de EE.UU. podría considerar responsables a todos los involucrados en el proceso de designación de estos candidatos, desde el Legislativo hasta los comités de evaluación, pasando por el INE y otras instancias como la UIF o el SAT.
Finalmente, acusó que los Comités de Evaluación fueron disueltos tras entregar sus listas, lo que, dijo, fue una maniobra para evitar que se pudiera solicitar información pública sobre los expedientes de los candidatos. “Así han negado todo tipo de información”, concluyó.
Con información de Excelsior
bvp
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