Washington ayer, en la continuación de la campaña de la administración de Donald Trump en contra de los inmigrantes, el Departamento de Seguridad Nacional anuló todas las residencias que se concedieron mediante la aplicación CBP One, además de que el Servicio de Impuestos Internos decidió compartir información tributaria con el ICE para localizar y expulsar a trabajadores indocumentados con antecedentes criminales.
Todos los inmigrantes que obtuvieron un permiso temporal para residir en Estados Unidos a través de la aplicación CBP One durante el mandato de Joe Biden han recibido instrucciones de abandonar el país de inmediato o enfrentar sanciones de mil dólares diarios. No se precisó cuántos de los beneficiarios resultarían afectados.
Desde enero de 2023, más de novecientas mil personas han ingresado a Estados Unidos mediante CBP One. Por lo general, se les autorizó a quedarse en el país por un período de dos años con permiso para trabajar, gracias a una orden presidencial que les otorgaba una estancia temporal.
La anulación de estos permisos es un compromiso cumplido hacia los estadounidenses para garantizar nuestras fronteras y proteger la seguridad pública, afirmó la sección de relaciones con los medios del Departamento de Seguridad Nacional.
Las autoridades confirmaron que se enviaron notificaciones de cancelación a los participantes de este programa, aunque no precisaron el número de personas afectadas. También se les pidió que salieran de forma voluntaria utilizando la misma aplicación que les permitió ingresar, que ha sido rebautizada como CBP Home.
Es el momento de que dejen Estados Unidos, fue el mensaje que el Departamento de Seguridad Nacional envió a una familia de Honduras que llegó al país a finales del año pasado. La agencia AP obtuvo acceso al correo electrónico que recibieron el domingo pasado, y otras familias también compartieron el mismo mensaje en redes sociales.
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La organización Al Otro Lado, que brinda apoyo legal a inmigrantes, confirmó que algunos de aquellos que recibieron los avisos de anulación provienen de Honduras, El Salvador y México.
La procuradora general Pam Bondi, al celebrar el fallo de la Corte Suprema que permite deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros de 1798, instó a los inmigrantes indocumentados, a quienes catalogó como terroristas, a que comiencen a empacar. Vamos por ustedes. Los iremos a encontrar, declaró en Fox & Friends.
El acuerdo entre el IRS y el ICE permitirá a la agencia de inmigración enviar nombres y direcciones de indocumentados a la oficina tributaria para su verificación junto con los registros fiscales.
El Departamento del Tesoro argumentó que este convenio ayudará a cumplir con la agenda de Trump para asegurar las fronteras y es parte de su amplia ofensiva nacional contra la migración, que ha resultado en deportaciones, redadas en lugares de trabajo y el uso de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a venezolanos.
Varios defensores de derechos humanos afirmaron que el pacto pone en riesgo la privacidad de todos los ciudadanos estadounidenses. Por otro lado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un video en el que aparece vestida con uniforme policial en Arizona, mostrando un reloj de oro y sosteniendo un arma junto a dos oficiales, mientras presume sobre la detención y deportación de inmigrantes a quienes denominó sinvergüenzas. El video fue filmado durante una operación matinal en la que participaron aproximadamente 100 agentes federales de distintas agencias, incluyendo el ICE, el FBI y la DEA.
Asimismo, el gobernador republicano de Idaho, Brad Little, promulgó una nueva legislación que termina con los programas de vacunación financiados con fondos públicos para los individuos que residen de manera irregular en el país.
Mientras tanto, Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado erróneamente a su país el mes pasado bajo la administración Trump, pasará otra noche en el Centro de Detención del Terrorismo, a pesar de la orden de un juez federal para que regrese a Estados Unidos, informó FOX5.
En su discurso final ante los magistrados, los abogados de Ábrego señalaron que el razonamiento del tribunal respalda la postura de su cliente, quien sostiene que el gobierno infringió sus derechos al debido proceso, mientras 31 senadores estadounidenses demandaron su repatriación.
Con información de La jornada
MIAV
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